Los casos —uno en materia de seguridad y otro de propiedad intelectual— podrían sentar precedentes sobre los límites regulatorios en internet, con impacto directo para proveedores, plataformas y desarrolladores.
Caso 1: Semar vs BitMe — bloqueo por delitos cibernéticos
El primer asunto corresponde al expediente 47/2025, derivado de un amparo promovido por la plataforma BitMe, vinculada a Megacable, contra acciones de la Secretaría de Marina (Semar).
En 2023, la Semar ordenó el bloqueo de miles de sitios web bajo la presunción de su relación con delitos como:
- Pornografía infantil
- Piratería digital
- Apología del delito
El proyecto, a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, analiza si estas medidas vulneran el artículo 16 constitucional, al haberse ejecutado sin orden judicial.
Punto jurídico central
- ¿Puede una autoridad administrativa bloquear contenidos en internet de forma preventiva?
- ¿Es válida la medida si se justifica por seguridad nacional o protección de menores?
Este caso se enfoca en ciberseguridad y prevención del delito, donde la urgencia operativa suele entrar en conflicto con garantías procesales.
Caso 2: IMPI vs TotalPlay — bloqueo por piratería digital
El segundo asunto, programado para discusión el 9 de abril de 2026, involucra al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al proveedor de internet TotalPlay.
Aquí, el eje es la aplicación del artículo 344 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), que permite ordenar medidas para frenar la distribución ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor, particularmente:
- Películas
- Series
- Transmisiones digitales no autorizadas
El proyecto fue turnado al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.
Punto jurídico central
- ¿Puede el IMPI ordenar bloqueos a ISPs sin mandato judicial?
- ¿Estas medidas son proporcionales o constituyen censura indirecta?
A diferencia del caso anterior, este expediente se centra en propiedad intelectual y derechos de autor, con fuerte impacto en la industria de contenidos y telecomunicaciones.
Un patrón común: bloqueo administrativo de internet
Aunque los casos tienen naturalezas distintas, comparten un elemento estructural:
El uso de mecanismos administrativos para restringir el acceso a sitios web sin control judicial previo.
Este patrón plantea preocupaciones en tres niveles:
1. Legal
- Posible vulneración del debido proceso
- Riesgo de censura sin supervisión judicial
- Ambigüedad en los criterios de proporcionalidad
2. Técnico
- Implementación de bloqueos vía DNS, IP o inspección de tráfico
- Riesgo de overblocking en infraestructuras compartidas (CDN, cloud)
- Afectación colateral a servicios legítimos
3. Operativo
- Mayor carga para ISPs
- Necesidad de mecanismos de cumplimiento (compliance) en tiempo real
- Cambios en estrategias de resiliencia y distribución de servicios
Implicaciones para desarrolladores y empresas tech
Para equipos técnicos, estos precedentes pueden traducirse en cambios concretos:
- Arquitectura: mayor adopción de redundancia geográfica y multi-cloud
- Disponibilidad: diseño de sistemas tolerantes a bloqueos regionales
- Seguridad: uso más extendido de cifrado y técnicas anti-interferencia
- Regulación: necesidad de monitorear órdenes administrativas que afecten servicios
Lo que está en juego
Las resoluciones de la SCJN definirán si el Estado puede priorizar la rapidez en la contención de delitos digitales o si debe mantener como regla estricta la intervención judicial previa.
Ambos fallos podrían establecer criterios clave sobre:
- Neutralidad de la red
- Responsabilidad de intermediarios
- Límites de la autoridad administrativa en internet
Próximos pasos
- El caso Semar vs BitMe ya se encuentra en análisis en la Primera Sala.
- El caso IMPI vs TotalPlay será discutido el 9 de abril de 2026.
Dependiendo del nivel de consenso, alguno de los asuntos podría escalar al Pleno de la SCJN.