Datos recientes, correspondientes a finales de marzo de 2026, indican que solo alrededor del 14% de las líneas móviles activas han sido registradas, es decir, cerca de 22.8 millones de un universo estimado de 153 millones de líneas.
Estas cifras han sido atribuidas a la llamada “Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)”; sin embargo, es importante precisar que en México no existe actualmente un organismo con esa denominación, por lo que el dato debe considerarse como referencial y no confirmado por una fuente oficial plenamente identificable.
Avance rezagado y presión creciente
Más allá de la precisión institucional, el diagnóstico es consistente: el nivel de cumplimiento es bajo frente al volumen total de usuarios, lo que anticipa un cuello de botella operativo conforme se acerque el 30 de junio de 2026.
El programa —derivado de ajustes recientes a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión— busca vincular cada línea telefónica con la identidad de su titular para combatir delitos como extorsión y fraude.
Un antecedente que pesa: el caso RENAUT
El diseño del registro actual inevitablemente remite al antecedente del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cancelado en 2011 tras la filtración de bases de datos con información personal de millones de usuarios.
Esa experiencia sigue influyendo en la percepción pública.
“Sin confianza en la protección de datos, cualquier padrón masivo enfrenta resistencia estructural”, advierte un especialista en ciberseguridad vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desinformación y barreras de adopción
El proceso también ha estado marcado por mensajes contradictorios sobre los requisitos. En particular, no existe una confirmación homogénea de que los datos biométricos sean obligatorios en todos los casos, lo que ha generado incertidumbre entre los usuarios.
Asimismo, no hay evidencia pública reciente de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) haya emitido estudios que respalden cifras de percepción ciudadana que circulan en algunos reportes.
El riesgo real: un colapso de última hora
Si la tendencia actual se mantiene, millones de usuarios podrían intentar registrarse en las últimas semanas, provocando:
- Saturación de plataformas digitales
- Fallas en validación de identidad
- Sobrecarga en centros de atención de operadores como Telcel, Movistar y AT&T
El escenario no es menor: la eventual suspensión de líneas no registradas impactaría servicios críticos como banca móvil, autenticación de cuentas y comunicaciones personales.
Llamados a prórroga
Organizaciones civiles han comenzado a advertir sobre riesgos de exclusión digital, particularmente en comunidades rurales e indígenas, donde el acceso a internet y dispositivos compatibles es limitado.
Hasta ahora, la SICT no ha confirmado una extensión oficial del plazo.
Lo que sí sabemos (y lo que debe tomarse con cautela)
Confirmado:
- Existe presión regulatoria para vincular líneas móviles con identidad
- La fecha límite se mantiene hacia el 30 de junio de 2026
- El nivel de registro es bajo frente al total de líneas
Con reservas:
- El dato de 14% (22.8 millones) por falta de fuente institucional verificable (CRT no identificada oficialmente)
- Alcance obligatorio de biométricos
- Métricas oficiales sobre impacto en delitos