En entrevista con Ciber Conciencia Digital, Emmanuel
Ríos, integrante de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias / TIC-OMV,
explicó cómo esta medida está afectando a una organización que nació
precisamente para llevar conectividad a lugares donde las grandes empresas de
telecomunicaciones no siempre llegan.
La entrevista revela una realidad compleja: el registro
obligatorio no solo implica llenar un formulario. Para muchas personas,
especialmente en comunidades rurales, puede significar enfrentar problemas con
su CURP, falta de conectividad suficiente, teléfonos con cámaras deficientes,
desconfianza hacia el gobierno y, finalmente, el riesgo de quedarse sin
servicio móvil.
Un operador comunitario en medio de una obligación
nacional
TIC-OMV forma parte de un modelo distinto al de las grandes
telefónicas comerciales. Su origen está ligado a Telecomunicaciones
Indígenas Comunitarias, una organización civil con experiencia en proyectos
de comunicación en Oaxaca, y a la colaboración con la cooperativa Tosepan, en
Puebla. Su operación como operador móvil virtual se realiza sobre la red de
Altán.
A diferencia de los operadores tradicionales, su público
principal no está concentrado en zonas urbanas ni necesariamente tiene acceso
fácil a tecnología, internet estable o trámites digitales. Emmanuel explicó que
trabajan principalmente con comunidades indígenas, población rural,
organizaciones civiles y usuarios que buscan una alternativa social frente a
los operadores comerciales.
Actualmente, el proyecto tiene presencia en 14 estados,
entre ellos Oaxaca, Puebla, Chihuahua y Chiapas. Su evolución también muestra
cómo ha cambiado la conectividad comunitaria: comenzaron con infraestructura
local 2G para llamadas y mensajes, pero tuvieron que avanzar hacia servicios de
datos móviles porque hoy internet ya no es un lujo, sino una necesidad
cotidiana.
El problema no es solo registrarse: es poder registrarse
Uno de los puntos más importantes de la entrevista es que
hay usuarios que sí quieren registrarse, pero no pueden completar el proceso.
Emmanuel relató casos en los que la CURP no está
certificada o presenta errores derivados de registros administrativos
antiguos. En comunidades rurales, basta con que un dato haya sido capturado mal
en algún municipio para que la información no coincida ante RENAPO. El
resultado es grave: aunque la persona tenga voluntad de cumplir, el sistema
puede dejarla fuera.
A esto se suman las dificultades técnicas. El registro
requiere validaciones que pueden fallar si el teléfono no tiene una cámara
suficientemente buena, si el reconocimiento facial no funciona correctamente o
si la conexión a internet no tiene el ancho de banda necesario para procesar la
información. En otras palabras: el sistema presupone condiciones tecnológicas
que muchas comunidades no tienen.
El problema, entonces, no es únicamente de voluntad
ciudadana. También es de diseño institucional. Una política pública que exige
trámites digitales a toda la población debe considerar que no todas las
personas tienen las mismas condiciones para cumplir.
Desconfianza: el otro gran obstáculo
La entrevista también deja ver un elemento que aparece
constantemente en el debate público: la desconfianza.
Algunas personas aceptan registrarse porque consideran que,
si el gobierno lo pide, deben hacerlo. Pero otras rechazan entregar sus datos,
incluso si eso significa quedarse sin telefonía. Emmanuel explicó que TIC-OMV
queda “entre la espada y la pared”: por un lado necesita conservar usuarios
para sostener la operación; por otro, históricamente ha promovido el cuidado de
datos personales y entiende la preocupación de sus clientes.
Los costos ocultos para los operadores pequeños
El registro obligatorio también está generando costos
operativos para operadores como TIC-OMV.
La empresa debe enviar mensajes SMS de recordatorio, atender
dudas, apoyar a usuarios en el proceso y absorber costos asociados a intentos
fallidos de validación. Además, al depender de Altán como proveedor mayorista,
enfrenta indicadores de rendimiento relacionados con usuarios activos y
recargas. Si los usuarios dejan de recargar por miedo, rechazo o imposibilidad
de registrarse, esos indicadores también se afectan.
Según las notas de la entrevista, la tasa de registro entre
sus clientes ronda aproximadamente el 30%. Ese dato es especialmente
preocupante porque TIC-OMV opera principalmente con usuarios de prepago, es
decir, personas que no necesariamente tienen un contrato mensual o una relación
comercial más formalizada como ocurre en muchos planes postpago.
Esto coloca a la organización en una situación delicada: no
solo podría perder usuarios, también podría ver afectados los ingresos
directamente.
¿Quién suspende las líneas?
Otro punto relevante es que TIC-OMV no sería quien suspenda
directamente las líneas no registradas. Emmanuel explicó que, al operar sobre
Altán como proveedor mayorista, la suspensión se realizaría de forma automática
por el sistema del proveedor. El operador comunitario únicamente vería
reflejado que una línea fue suspendida por motivo de no registro.
Esto es importante porque muchas personas podrían reclamar
directamente al operador comunitario, aunque la decisión y la ejecución técnica
dependan de reglas y sistemas externos.
El riesgo es que el usuario final no distinga entre
gobierno, proveedor mayorista y operador comunitario. Para la persona afectada,
simplemente “su compañía le cortó el servicio”. En zonas donde la conectividad
ya es limitada, esa suspensión puede tener consecuencias reales en trabajo,
comunicación familiar, trámites, emergencias y acceso a servicios digitales.
El usuario final será quien pague las fallas
Uno de los mensajes más claros de la entrevista es que las
consecuencias recaen principalmente sobre el usuario.
Si el sistema falla, si la CURP no coincide, si la cámara
del celular no permite validar biométricos, si la conexión no alcanza, si el
portal se satura en los últimos días o si la persona no entiende el proceso,
quien pierde el servicio es el usuario final.
Y en este caso no hablamos solamente de personas que “no
quisieron” registrarse. También hablamos de personas que podrían quedar fuera
por condiciones administrativas, tecnológicas o sociales que no dependen
completamente de ellas.
La situación se vuelve todavía más delicada porque, según la
entrevista, existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá al llegar la fecha
límite. Aunque se ha hablado de posibles fallas técnicas o prórrogas, la
comunicación oficial que recibió el sector apunta a que el proceso continuaría
según lo previsto.
TIC-OMV busca soluciones, pero el tiempo se acaba
Emmanuel explicó que han mantenido comunicación con la
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para exponer las dificultades que
enfrentan sus usuarios. Entre las propuestas está simplificar requisitos y
reducir barreras técnicas, especialmente en lo relacionado con validaciones
biométricas y problemas de documentación.
Sin embargo, el margen de maniobra parece limitado. La
propia organización reconoce que el tiempo es corto y que muchas respuestas
podrían llegar tarde para quienes enfrenten suspensión.
Lo que esta entrevista nos deja claro
El caso de TIC-OMV muestra que el registro obligatorio de
líneas celulares no afecta a todos por igual.
Para una persona en una ciudad, con buen teléfono, buena
conexión, documentos corregidos y acceso a información, el registro puede ser
un trámite incómodo. Para una persona en una comunidad rural o indígena, puede
convertirse en una barrera de acceso a la conectividad.
Y para un operador comunitario, puede representar un golpe
operativo, económico y de confianza con sus propios usuarios.
La discusión pública no debería limitarse a decir “quien no
se registre, que le suspendan la línea”. Esa frase ignora que muchas personas
podrían quedar excluidas no por decisión propia, sino por fallas del sistema,
falta de infraestructura o errores históricos en sus documentos.
Conclusión
El registro obligatorio de líneas celulares se presenta como
una medida de seguridad. Pero en la práctica, su implementación está revelando
problemas más profundos: desigualdad tecnológica, desconfianza institucional,
costos ocultos para operadores pequeños y riesgo de exclusión para comunidades
vulnerables.
La entrevista con TIC-OMV permite ver el otro lado de la
política pública: el de quienes deben implementarla en territorios donde la
conectividad ya era difícil antes de agregar nuevos requisitos.
Si el objetivo es combatir delitos digitales, México
necesita mucho más que un padrón de líneas. Necesita fortalecer capacidades de
investigación, proteger bases de datos, perseguir mercados ilegales de
información, corregir vulnerabilidades institucionales y diseñar políticas que
no castiguen a quienes menos condiciones tienen para cumplir.
Porque cuando una política pública se implementa sin
considerar la realidad del territorio, el costo no lo paga el delincuente.
Lo paga el usuario común.
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Para contactar a TIC-OMV:
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Correo: tic-omv@tic-ac.org
Teléfono: 9531905476