La medida obliga a que cada línea móvil esté asociada a una persona física, mediante CURP, o a una persona moral, mediante RFC. En teoría, el objetivo es combatir delitos como extorsión, fraude telefónico y secuestro virtual.
Pero conforme se acerca la fecha límite, empezó a circular una idea que suena lógica:
“Las telefónicas van a perder muchísimo dinero porque les van a suspender millones de líneas”.
También hay quien dice:
“El gobierno también va a perder, porque si hay menos líneas activas va a recaudar menos impuestos”.
Ambas frases tienen algo de verdad, pero están incompletas.
Sí, las empresas pueden perder líneas.
Sí, el gobierno puede recaudar menos si baja el consumo.
Pero ni las telefónicas ni el gobierno son quienes reciben el golpe más inmediato.
Quien pierde primero, quien pierde de forma directa y quien tiene menos margen para defenderse es el usuario.
Menos líneas no siempre significa menos dinero
Para entender este tema hay que separar dos cosas que suelen confundirse: cantidad de clientes e ingresos reales.
Una empresa no vive solamente de presumir cuántos clientes tiene. Vive de cuánto consume cada cliente, cuánto paga, cuánto cuesta atenderlo y qué tan rentable es mantenerlo.
Pongamos un ejemplo sencillo.
Imagina una fonda con 100 clientes registrados. De esos 100, hay 30 que van todos los días, comen, pagan y sostienen el negocio. Hay otros 40 que van de vez en cuando. Y hay 30 que casi nunca compran, pero siguen apareciendo como “clientes”.
Si la fonda deja de contar a esos 30 que casi no consumen, en papel parece que perdió clientes. Pero en la práctica, quizá no perdió mucho dinero.
Incluso podría ahorrar tiempo, atención y recursos.
Con las líneas celulares pasa algo parecido.
No todas las líneas valen lo mismo para una telefónica. Una línea de pospago que paga una mensualidad fija de varios cientos de pesos no representa lo mismo que una línea de prepago que recarga 20, 50 o 100 pesos de vez en cuando.
Tampoco vale lo mismo una línea usada todos los días que una línea abandonada, duplicada, dormida o usada solo para recibir mensajes ocasionales.
Por eso es engañoso decir: “si se suspenden millones de líneas, las telefónicas perderán millones de clientes y, por lo tanto, perderán una fortuna”.
No es tan simple.
Puede haber menos líneas, sí. Pero si muchas de esas líneas eran de bajo consumo, de uso temporal o prácticamente inactivas, la pérdida real para la empresa puede ser mucho menor de lo que parece.
Los números cuentan otra historia
Los datos disponibles ayudan a entender mejor el problema.
Durante el primer trimestre de 2026, el mercado móvil mexicano tuvo una contracción importante en líneas, asociada al arranque del registro obligatorio. Según The Competitive Intelligence Unit, la base del mercado se ajustó a 158.9 millones de líneas activas, con una caída trimestral de 3.2 millones de líneas.
Hasta ahí, alguien podría decir: “entonces sí están perdiendo”.
Pero el dato clave viene después.
En ese mismo trimestre, los ingresos totales del mercado móvil llegaron a 95,528 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 6.8%.
Es decir: hubo menos líneas que en el trimestre anterior, pero el mercado generó más ingresos que un año antes.
Además, el ingreso promedio por usuario, conocido en la industria como ARPU, subió a 143.8 pesos mensuales, un crecimiento anual de 3.1%.
Traducido a lenguaje simple: aunque se redujo el número de líneas, cada usuario activo generó, en promedio, más ingresos.
Ese dato es muy importante porque rompe la narrativa de la “catástrofe” para las telefónicas.
Si una empresa pierde líneas, pero conserva a los usuarios que más pagan, vende más datos, mueve clientes hacia planes de mayor valor o aumenta el consumo promedio, entonces su negocio no necesariamente se desploma.
Puede tener menos líneas y, aun así, ganar más dinero.
El golpe está concentrado en prepago
El ajuste provocado por el registro no afecta a todos los usuarios por igual. El impacto está concentrado principalmente en el segmento de prepago.
Y eso cambia mucho la lectura.
El prepago representa la mayoría de las líneas móviles en México. Es el segmento de quienes recargan cuando pueden, de quienes no quieren o no pueden pagar una mensualidad fija, de quienes usan chips temporales, líneas secundarias o números de bajo consumo.
También es el segmento con mayor rotación.
En cambio, el pospago suele ser más atractivo para las compañías: mensualidades fijas, contratos, paquetes más caros, financiamiento de equipos y menor probabilidad de abandono.
Por eso perder líneas de prepago no tiene el mismo impacto que perder usuarios de pospago.
Telcel, por ejemplo, desconectó cientos de miles de líneas de prepago durante el primer trimestre, pero al mismo tiempo ganó usuarios de pospago. AT&T México también reportó crecimiento de ingresos en el trimestre, impulsado por usuarios de pospago, aunque su segmento de prepago fue afectado por el registro.
Entonces el fenómeno no es: “las telefónicas están perdiendo todo”.
El fenómeno es más específico: se están perdiendo o depurando líneas de menor valor, mientras los segmentos que más ingresos generan se mantienen más fuertes.
Un ejemplo todavía más claro
Pensemos en dos usuarios.
El usuario A tiene una línea de prepago y recarga 50 pesos cada dos o tres meses.
El usuario B tiene un plan de pospago de 500 pesos mensuales.
Si una telefónica pierde diez usuarios como el usuario A, quizá pierde menos dinero que si pierde a un solo usuario como el usuario B.
Por eso no basta con contar líneas. Hay que ver qué tipo de líneas son.
No vale lo mismo una línea inactiva que una línea de contrato.
No vale lo mismo una recarga ocasional que una mensualidad fija.
No vale lo mismo una línea duplicada que un cliente que compra equipo, datos, servicios adicionales y paga cada mes.
Esta es la parte que muchas veces se pierde en la discusión pública: una línea no es igual a otra línea.
Para el usuario, una línea puede ser indispensable.
Para la empresa, algunas líneas pueden ser poco rentables.
Entonces, ¿las empresas no pierden nada?
No. Esa tampoco sería una lectura correcta.
Las empresas sí enfrentan costos por el registro obligatorio. Tienen que validar identidades, modificar sistemas, atender usuarios, hacer campañas, resolver errores, capacitar personal, manejar datos personales y cumplir con nuevas obligaciones regulatorias.
También pueden perder ingresos de líneas que sí consumían algo.
Pero una cosa es decir que el registro les cuesta y otra muy distinta afirmar que van a sufrir una pérdida masiva solo porque se reduzca el número de líneas.
La cuenta exagerada suele cometer un error: tratar todas las líneas como si fueran iguales.
Y no lo son.
Si se suspenden líneas de bajo consumo, el impacto económico para la empresa no es igual que si se fueran clientes de alto valor.
Además, los propios datos del mercado muestran que, aun con la contracción de líneas, los ingresos móviles crecieron.
Por eso el argumento debe ser más preciso:
Las empresas pueden tener costos, molestias y ajustes operativos, pero los datos disponibles no muestran una catástrofe financiera. Muestran una depuración del mercado, concentrada en prepago, mientras los ingresos y el consumo promedio siguen creciendo.
El verdadero costo inmediato no está en los estados financieros de las telefónicas.
Está en el usuario que se queda sin servicio.
¿Y el gobierno? ¿También pierde?
También se ha dicho que el gobierno perderá porque, si se suspenden líneas, habrá menos recargas, menos consumo y, por lo tanto, menos impuestos.
Y sí, puede haber una pérdida fiscal marginal.
Cuando una persona paga una recarga, un paquete o una mensualidad, dentro de ese consumo hay impuestos. Si baja el consumo móvil, también puede bajar una parte de la recaudación asociada.
Pero otra vez hay que poner las cosas en proporción.
Para el gobierno, una línea menos puede representar unos pesos menos de recaudación.
Para el usuario, una línea suspendida puede significar quedarse sin trabajo, sin clientes, sin banca móvil, sin WhatsApp, sin códigos de verificación, sin llamadas familiares y sin acceso a servicios digitales.
El Estado tiene muchas fuentes de ingresos. Puede absorber variaciones fiscales. Puede modificar políticas. Puede recaudar por otras vías.
El ciudadano no tiene esa capacidad.
Por eso, aunque el gobierno pudiera recaudar menos si cae el consumo de telefonía móvil, no es correcto presentarlo como el gran perdedor.
El gobierno puede perder algo de recaudación.
La empresa puede perder algunas líneas.
Pero el usuario puede perder conectividad.
Y hoy, perder conectividad no es cualquier cosa.
El usuario de prepago carga el golpe más fuerte
Aquí es donde el tema deja de ser una discusión de contabilidad y se vuelve un problema social.
El prepago es el segmento más vulnerable porque concentra a quienes recargan cuando pueden, no tienen contrato, no necesariamente cuentan con internet fijo y muchas veces dependen de una sola línea para comunicarse.
Para muchas personas, el celular no es un lujo.
Es su herramienta de trabajo.
Es donde reciben llamadas de clientes.
Es donde les escriben familiares.
Es donde entran al banco.
Es donde reciben códigos de verificación.
Es donde usan WhatsApp.
Es donde piden transporte.
Es donde consultan servicios.
Es donde se enteran de emergencias.
Si esa persona no registra su línea a tiempo, no pierde una línea abstracta dentro de una estadística. Pierde una herramienta cotidiana.
Y eso afecta más a quien tiene menos opciones.
Quien tiene internet en casa, dos celulares, varias tarjetas SIM, computadora, banca en línea y contactos alternos puede resistir mejor una suspensión.
Pero quien depende de una sola línea de prepago queda mucho más vulnerable.
No todos tienen la misma facilidad para registrarse
El registro se presenta como un trámite sencillo, pero no todas las personas parten del mismo punto.
Hay adultos mayores que no entienden el proceso.
Hay personas que viven en zonas rurales o con mala conectividad.
Hay usuarios que no tienen documentos a la mano.
Hay personas que no saben si su línea ya quedó correctamente registrada.
Hay quienes usan líneas que otra persona compró hace años.
Hay quienes dependen de familiares para hacer trámites digitales.
Hay quienes simplemente no se enteraron bien de las consecuencias.
Y hay quienes, con razón o sin ella, desconfían de entregar más datos personales.
Cuando el castigo por no hacer el trámite es quedarse sin servicio móvil, el problema deja de ser administrativo. Se vuelve social.
También se pierde privacidad
El registro vincula una línea telefónica con una identidad oficial.
La autoridad ha dicho que no habrá una base centralizada administrada directamente por el gobierno y que los datos serán resguardados por las operadoras. También ha insistido en que el registro no debería implicar una recolección generalizada de datos biométricos.
Pero aun con esas aclaraciones, el riesgo principal sigue ahí: se crea una relación obligatoria entre tu número celular y tu identidad legal.
Eso tiene implicaciones importantes.
Tu número ya no es solo un dato de contacto. Es una llave para entrar a tu vida digital.
Con tu número puedes recuperar cuentas, recibir códigos, acceder a bancos, usar aplicaciones, validar perfiles y comunicarte con instituciones.
Vincular ese número de forma obligatoria a tu identidad oficial aumenta el valor de ese dato y también el daño potencial si se filtra, se usa mal, se consulta sin controles suficientes o se registra a nombre de alguien más.
Organizaciones de derechos digitales han advertido que este tipo de padrones puede abrir la puerta a abusos, vigilancia, solicitudes de información sin garantías suficientes, suplantación y filtraciones.
El problema no es solo qué datos se piden hoy.
El problema es qué se podrá hacer mañana con una infraestructura que vincula números telefónicos con identidades oficiales.
La gran contradicción: los chips ya registrados
La medida se justificó como una forma de combatir el anonimato criminal.
La idea suena bien: si cada línea está asociada a una persona, entonces será más difícil usar chips anónimos para extorsionar, defraudar o amenazar.
Pero el problema es que el mercado informal ya encontró grietas.
Reportes periodísticos documentaron la venta de chips activados a nombre de otras personas por alrededor de 200 pesos en la Ciudad de México.
Eso cambia por completo la discusión.
Porque si un ciudadano honesto entrega sus datos y cumple con el registro, pero una persona que quiere delinquir puede comprar una línea ya activada con datos de un tercero, entonces el sistema no está resolviendo el problema de fondo.
Está castigando al usuario cumplido y dejando abierta la puerta para el abuso.
Ese es el peor escenario: el ciudadano común entrega su información, mientras quien quiere operar en la informalidad encuentra otra forma de hacerlo.
En pospago también puede haber problema
En prepago, el golpe más evidente es quedarse sin servicio.
Pero en pospago puede aparecer otro problema: seguir pagando aunque la línea esté suspendida.
Si una persona tiene un contrato mensual y no completa el registro, la línea puede quedar inhabilitada. Pero eso no significa necesariamente que el contrato desaparezca.
El usuario podría terminar en una situación absurda: sin servicio, pero con mensualidad vigente.
Por eso no basta con decir: “el que no registre, que asuma las consecuencias”.
Hay que preguntarse si esas consecuencias son proporcionales, claras y justas, especialmente cuando el servicio móvil ya es necesario para tantas actividades cotidianas.
Las telefónicas no son víctimas indefensas
Nada de esto significa defender a las compañías telefónicas.
Las empresas también tienen responsabilidad.
Durante años, el mercado permitió activaciones laxas, venta informal de chips, distribución poco controlada, mala atención, poca transparencia y sistemas deficientes para proteger al usuario.
También es cierto que ahora enfrentan costos importantes por el registro.
Pero una cosa es reconocer que las empresas tienen costos y otra muy distinta es presentarlas como las principales víctimas.
Las telefónicas tienen departamentos legales, equipos técnicos, capacidad de negociación, infraestructura, contratos, márgenes y formas de trasladar costos.
El gobierno tiene presupuesto, recaudación, instituciones y poder regulatorio.
El usuario tiene una línea.
Y si se la suspenden, el golpe es directo.
La cuenta que casi nadie hace
Cuando se habla de pérdidas, casi siempre se piensa en dinero.
Cuánto pierde Telcel.
Cuánto pierde AT&T.
Cuánto pierden los operadores móviles virtuales.
Cuánto deja de recaudar el gobierno.
Pero casi nadie calcula cuánto pierde una persona cuando se queda sin celular.
Pierde comunicación.
Pierde acceso a clientes.
Pierde llamadas de trabajo.
Pierde banca móvil.
Pierde códigos de verificación.
Pierde contacto con familiares.
Pierde acceso a aplicaciones.
Pierde tiempo.
Pierde tranquilidad.
Y también pierde privacidad, porque para evitar la suspensión debe aceptar una vinculación permanente entre su línea y su identidad oficial.
Ese costo no aparece en las hojas de cálculo.
Pero es el costo más importante.
La cuenta final
Cuando alguien diga que “las telefónicas van a perder millones”, hay que responder con datos.
En el primer trimestre de 2026, el mercado móvil tuvo menos líneas que en el trimestre anterior, pero sus ingresos crecieron 6.8% anual y el ingreso promedio por usuario también subió.
Eso demuestra que menos líneas no significan automáticamente menos negocio.
Lo que está ocurriendo es una depuración: salen o se suspenden principalmente líneas de prepago, de menor consumo o de uso más irregular, mientras los clientes de mayor valor siguen sosteniendo los ingresos del sector.
Cuando alguien diga que “el gobierno también va a perder porque dejará de cobrar impuestos”, también hay que matizar.
Sí, puede haber menor recaudación si cae el consumo.
Pero el gobierno no se queda incomunicado.
Las telefónicas tampoco.
El usuario sí.
Por eso la pregunta de fondo no es cuánto pierde Telcel ni cuánto deja de recaudar el Estado.
La pregunta es por qué una medida presentada como seguridad pública termina poniendo el costo más fuerte sobre el ciudadano común.
Si el registro realmente reduce extorsiones, fraudes y delitos, la autoridad debe demostrarlo con datos.
Pero si el sistema permite chips registrados a nombre de terceros, si excluye a usuarios vulnerables, si genera riesgos de privacidad y si castiga más al ciudadano honesto que al delincuente, entonces no estamos frente a una solución sólida.
Estamos frente a una transferencia de riesgo.
Del gobierno al usuario.
De las empresas al usuario.
Y, como casi siempre, de los poderosos al ciudadano de a pie.