MADRID 22-FEB-2026 – En una operación coordinada contra el cibercrimen, la Guardia Civil ha anunciado la detención de los cuatro líderes del grupo hacktivista conocido como "Anonymous Fénix". Los arrestados están acusados de dirigir y ejecutar múltiples ciberataques de denegación de servicio (DDoS) que paralizaron sitios web de diversos organismos públicos y entidades de relevancia política en España.
Un operativo en dos fases
La desarticulación del grupo se ha llevado a cabo de forma escalonada. Las primeras investigaciones permitieron la detención, en mayo del año pasado, del administrador y el moderador principal de la red en las localidades de Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias).
Recientemente, la operación culminó con la captura de los dos integrantes más activos en Ibiza y Móstoles (Madrid), cerrando así el círculo sobre la estructura operativa de la banda.
Motivaciones y 'Modus Operandi'
Según los informes oficiales, "Anonymous Fénix" experimentó su mayor pico de actividad tras la tragedia de la DANA en Valencia. En ese periodo, el grupo intensificó sus ataques contra la administración pública, justificando sus acciones bajo el pretexto de señalar a los "responsables de la tragedia".
El método principal utilizado por los detenidos eran los ataques DDoS, consistentes en saturar los servidores de las instituciones con un volumen masivo de peticiones simultáneas, logrando así que las páginas web quedaran fuera de servicio e inaccesibles para los ciudadanos. Entre sus objetivos se encontraban webs de ministerios, partidos políticos y otras instituciones del Estado.
Intervención judicial y colaboración internacional
Como resultado directo de la intervención policial:
El perfil del grupo en la red social X y su cuenta de YouTube han sido intervenidos judicialmente.
Su canal de comunicación principal en Telegram ha sido clausurado.
La investigación ha contado con la colaboración técnica del Centro Criptológico Nacional (CCN) y ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid.
Esta operación supone un golpe significativo al hacktivismo radical en España, reforzando la capacidad de las fuerzas de seguridad para identificar a individuos que, bajo el anonimato de la red, comprometen la disponibilidad de los servicios públicos digitales.