Este miércoles 26 de agosto fueron aprobados y ocurrió algo que no debería pasar desapercibido: varios de los puntos que habían provocado aquellas críticas terminaron modificados.
La consulta pública recibió 8 mil 889 participaciones. De acuerdo con el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 82.2 por ciento se manifestó en contra del proyecto original. Eso no significa que 82 por ciento de los mexicanos rechazara los lineamientos, porque no fue una encuesta nacional ni un ejercicio representativo. Pero sí muestra que entre quienes participaron hubo un rechazo muy amplio.
Y después llegaron los cambios.
Uno de los puntos más polémicos estaba en la obligación para que los medios adoptaran medidas para “no difundir información falsa”. A primera vista puede sonar razonable, pero el problema aparece en cuanto uno hace una pregunta muy sencilla: ¿quién decide qué información es falsa?
En periodismo las cosas no siempre son tan limpias. Una investigación puede publicarse con los datos disponibles en ese momento y después aparecer nueva información. Una fuente puede equivocarse. Un hecho puede cambiar. No todo error convierte automáticamente una publicación en desinformación.
Después de la consulta, esa redacción desapareció. Ahora los lineamientos hablan de preservar la pluralidad y la veracidad de la información, además de respetar los criterios editoriales de los propios medios.
Fue una buena corrección.
Lo extraño es que antes se insistiera en que quienes señalaban ese riesgo simplemente estaban interpretando mal.
También se redujo el margen de intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La CRT asegura ahora que no decidirá si una noticia es verdadera o falsa y que su participación se concentrará en verificar que las quejas de las audiencias sean recibidas y atendidas conforme al procedimiento.
Además se acotaron las sanciones y se corrigieron referencias legales que podían prestarse a interpretaciones más amplias.
Todo eso mejora el texto final.
Pero aquí aparece la parte que me parece más importante: corregir los excesos no significa que el problema desaparezca.
La estructura ya existe
Con los lineamientos quedó instalada una estructura regulatoria formada por defensorías, procedimientos de queja, obligaciones para los concesionarios, mecanismos de supervisión y una autoridad con capacidad sancionadora.
Hoy esas facultades están limitadas.
La ley protege la libertad editorial, prohíbe la censura previa y la CRT no puede simplemente ordenar que una noticia desaparezca porque incomode al gobierno.
Eso es cierto y hay que decirlo.
Pero también es cierto que la presión sobre un medio no siempre se presenta como una orden directa de censura.
Puede aparecer de una manera mucho más discreta.
Si un medio sabe que determinadas decisiones editoriales pueden generar procedimientos administrativos, requerimientos, quejas o conflictos con una autoridad, puede comenzar a actuar con mayor cautela. Nadie le ordenó callarse, pero empieza a pensarlo dos veces antes de publicar.
Eso es lo que se conoce como efecto inhibidor.
Y cuando hablamos de periodismo incómodo para el poder, no es un detalle menor.
También importa quién aplica estas reglas.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene independencia técnica, operativa y de gestión, pero forma parte de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo. No tiene la independencia constitucional que tenía el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Eso no demuestra que el gobierno controle sus decisiones ni que exista una instrucción para censurar periodistas.
Pero tampoco debería tratarse como una diferencia irrelevante.
Menos todavía cuando desde el propio gobierno existe un programa semanal como Derecho de Réplica, dedicado precisamente a señalar supuestas noticias falsas, desinformación y narrativas difundidas por periodistas y medios.
El contexto importa.
El siguiente paso podría ser Internet
Por ahora estos lineamientos aplican únicamente a radio y televisión.
Luisa María Alcalde ha dicho que no existe un proyecto del gobierno para extenderlos a redes sociales.
Hoy esa afirmación es correcta.
El problema es que la discusión ya está ocurriendo en el Congreso.
Desde abril existe una iniciativa presentada por Arturo Ávila, diputado y vocero de Morena, que propone ampliar el derecho de réplica a plataformas digitales, redes sociales y servicios de difusión de contenidos en Internet.
Todavía no es ley y puede incluso quedarse en el camino.
Pero el simple hecho de que exista cambia bastante la conversación.
Regular una televisora concesionada es una cosa. Llevar mecanismos semejantes a Internet sería otra completamente distinta.
Ahí ya no hablamos solamente de grandes medios. Hablamos de periodistas independientes, medios digitales, creadores, organizaciones, activistas y millones de ciudadanos que publican opiniones e información todos los días.
Y entonces aparecen preguntas mucho más incómodas.
¿Quién podría exigir una réplica? ¿A quién? ¿Con qué alcance? ¿Podría intervenir una autoridad? ¿Qué ocurre cuando una publicación circula a través de algoritmos que nadie controla por completo?
Eso ya no sería solamente regular concesionarios.
Sería entrar directamente en la conversación pública digital.
La crítica sí sirvió
Quizá estamos planteando mal la discusión cuando preguntamos únicamente si estos lineamientos “son censura” o “no son censura”.
El texto final corrigió varios riesgos del proyecto original y eso debe reconocerse. Pero también dejó instalada una estructura que podría crecer en el futuro si existen la voluntad política y los votos necesarios para hacerlo.
Y aquí hay algo que ya quedó demostrado.
Se dijo que era exagerado preocuparse por la obligación de no difundir información falsa. La quitaron.
Se cuestionó el margen de intervención de la Comisión. Lo redujeron.
Se señalaron problemas en las sanciones. Los corrigieron.
La crítica funcionó.
Por eso el debate no debería terminar con la aprobación de los lineamientos. Al contrario, debería comenzar una etapa de vigilancia mucho más seria sobre cómo se aplican y, sobre todo, sobre cualquier intento futuro por ampliar sus alcances.
No hay evidencia para afirmar que exista un plan secreto destinado a censurar medios. Sería irresponsable presentarlo así.
Pero tampoco hace falta imaginar una conspiración para entender el riesgo.
Las restricciones a la libertad de expresión rara vez comienzan con una ley que diga abiertamente que el gobierno va a censurar. Normalmente llegan mediante pequeñas modificaciones, nuevas facultades, procedimientos que parecen razonables y límites que poco a poco empiezan a moverse.
Quizá aquí no ocurra.
Ojalá.
Pero después de ver cómo varias preocupaciones que primero fueron calificadas como “falsas narrativas” terminaron provocando cambios reales, lo menos que podemos hacer es seguir preguntando.
Hoy la maquinaria tiene límites.
La pregunta es quién intentará moverlos mañana.