Una semana después, durante la presentación del lunes 27 de julio, el gobierno avanzó en la descripción de los efectos que puede tener el uso excesivo de las tecnologías sobre niñas, niños y adolescentes.
Pero la principal ausencia sigue ahí.
Se habló ampliamente de lo que ocurre en el cerebro de los menores. Se habló mucho menos de las decisiones empresariales, tecnológicas y comerciales que están diseñadas para provocar ese comportamiento.
Una explicación centrada en la dopamina
La primera presentación se concentró en el llamado “uso problemático de la tecnología” y su relación con los procesos de recompensa del cerebro.
Se explicó que las redes sociales, los videojuegos, las apuestas y otras actividades pueden generar una gratificación inmediata relacionada con la liberación de dopamina. De acuerdo con la exposición, la sobreestimulación puede provocar que actividades cotidianas que antes generaban satisfacción resulten cada vez menos atractivas.
También se mencionaron señales relacionadas con comportamientos adictivos: pérdida de control, deseo intenso de volver a utilizar la tecnología, aumento gradual del tiempo de uso e irritabilidad cuando se establecen límites.
La presentación advirtió que estos problemas pueden manifestarse en conflictos familiares, bajo rendimiento escolar, dificultades de concentración, ansiedad, enojo e incluso conductas de riesgo en algunos casos. También aclaró correctamente que un diagnóstico de adicción o uso problemático solo puede realizarlo un especialista.
El diagnóstico presentado es preocupante y merece atención. El problema es que, durante buena parte de la exposición, las redes sociales aparecieron casi como si fueran una sustancia que los menores deciden consumir, y no como productos construidos deliberadamente para fomentar la repetición.
El cerebro adolescente: un acelerador potente y un freno en desarrollo
La segunda especialista explicó que la adolescencia comprende aproximadamente de los 10 a los 25 años y que durante ese periodo distintas regiones del cerebro maduran a velocidades diferentes.
Utilizó una metáfora sencilla: el cerebro adolescente funciona como un automóvil con un acelerador muy potente y un freno que todavía se encuentra en desarrollo.
El sistema relacionado con las emociones, las recompensas y la información social madura antes, mientras que las áreas encargadas del control de impulsos, la toma de decisiones y la evaluación de consecuencias terminan de desarrollarse hasta los 20 o 25 años.
Esta diferencia ayuda a entender por qué los adolescentes pueden ser especialmente sensibles a las recompensas inmediatas, la aprobación social, la presión de grupo y los estímulos constantes.
La especialista también señaló que ciertos elementos del diseño de las plataformas activan directamente los sistemas de recompensa y pueden reforzar conductas automáticas y hábitos poco saludables.
Aquí apareció uno de los puntos más importantes de toda la presentación: el problema no se limita al tiempo frente a la pantalla. También está relacionado con el diseño de las plataformas.
Sin embargo, esa idea no se desarrolló hasta sus últimas consecuencias.
Se habló de los efectos, pero no del mecanismo completo
La presentación mencionó las notificaciones, el desplazamiento infinito, la publicidad dirigida, los algoritmos y la búsqueda constante de atención.
También señaló que el uso de pantallas puede afectar el sueño, reducir la actividad física, interrumpir la convivencia, fragmentar la concentración e influir en la construcción de la identidad durante la adolescencia.
Todo eso es relevante.
Pero todavía falta explicar por qué estos mecanismos existen.
Las plataformas no utilizan notificaciones constantes, recomendaciones automáticas, reproducción continua o desplazamiento infinito por accidente. Son decisiones de diseño que buscan aumentar la interacción, recopilar más información y ampliar el tiempo que cada persona permanece dentro del servicio.
A mayor tiempo de uso, mayor cantidad de datos.
A mayor cantidad de datos, mejores perfiles de comportamiento.
Y a mejores perfiles, mayor capacidad para dirigir publicidad, contenido y recomendaciones.
Ese modelo económico apenas fue mencionado.
No basta con decir que los algoritmos pueden afectar la identidad de los adolescentes. Es necesario explicar quién define esos algoritmos, con qué objetivos, qué datos utilizan, cómo se auditan y qué responsabilidades deben asumir las empresas cuando sus sistemas causan daños previsibles.
Las recomendaciones vuelven a colocar la responsabilidad en las familias
Entre las soluciones propuestas se habló de establecer límites, crear espacios de desconexión, ofrecer otras formas de entretenimiento, promover hábitos saludables y fortalecer la convivencia familiar y escolar.
También se recomendó impulsar la ciudadanía digital, formar criterio, capacitar a los docentes y crear plataformas adecuadas para cada edad.
Son medidas útiles, pero presentan un riesgo: trasladar casi toda la responsabilidad a madres, padres, docentes y menores.
La lógica termina siendo la siguiente: si un adolescente pasa cinco horas frente al celular, la familia debe quitarle el dispositivo, establecer horarios, ofrecer actividades alternativas y enseñarle a utilizar la tecnología de manera responsable.
Pero ¿qué responsabilidad tiene la empresa que diseñó una aplicación para que ese adolescente no pudiera dejar de utilizarla?
¿Qué obligaciones tendrá una plataforma que conoce la edad de sus usuarios, analiza su comportamiento y adapta los contenidos para conservar su atención?
¿Qué límites se impondrán a la publicidad dirigida a menores?
¿Qué mecanismos permitirán saber si una plataforma está utilizando datos sensibles para inferir emociones, preferencias, vulnerabilidades o estados de ánimo?
Sobre eso no hubo respuestas concretas.
La presidenta habló de consenso y concientización
Durante la sesión de preguntas se planteó si el gobierno impulsaría restricciones al uso de celulares en las escuelas, incluso si algunos padres se opusieran.
La presidenta respondió que cerca de 70 por ciento de las madres y padres estaría de acuerdo con alguna regulación, aunque reconoció que no tenía claro en ese momento el origen exacto de la encuesta.
También señaló que la intención era alcanzar un consenso y que prohibir los celulares únicamente dentro de las escuelas no resolvería el problema si los menores después pasan cinco o seis horas utilizándolos en casa.
En esto tiene razón.
Prohibir el teléfono durante las clases puede ayudar a mejorar la atención, pero no modifica el funcionamiento de las redes sociales, no reduce la recopilación de datos y tampoco cambia los incentivos económicos de las plataformas.
La concientización es necesaria.
Pero la concientización sin obligaciones para las empresas deja a las familias enfrentándose solas contra algunas de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo.
Regular no significa pedir una identificación para entrar
Esta discusión también debe manejarse con cuidado porque la protección de menores puede convertirse en la justificación para imponer sistemas de identificación, verificación de edad o reconocimiento facial a toda la población.
Una regulación mal diseñada podría exigir que cada usuario entregue una identificación oficial, un número telefónico o datos biométricos para demostrar su edad antes de acceder a una plataforma.
Eso generaría nuevos riesgos de vigilancia, filtraciones de información y exclusión digital.
Proteger a niñas, niños y adolescentes no debería significar identificar obligatoriamente a todos los usuarios de internet.
Existen otras medidas que deben discutirse primero: configuraciones privadas por defecto para menores, prohibición de publicidad basada en perfiles infantiles, límites a la recopilación de datos, auditorías independientes de algoritmos, eliminación de diseños manipulativos y responsabilidades claras para las plataformas.
La edad de los usuarios importa, pero también importa cómo se comprueba sin construir nuevas bases de datos sensibles.
La mesa avanzó, pero sigue incompleta
La presentación del lunes confirmó que el gobierno reconoce que existe un problema serio.
También mostró que hay especialistas capaces de explicar el desarrollo cerebral, los efectos de la sobreestimulación, las dificultades de concentración y la vulnerabilidad particular de niñas, niños y adolescentes.
Eso representa un avance respecto a reducir toda la discusión a prohibir celulares en las escuelas.
Pero el diagnóstico todavía está concentrado en las consecuencias individuales y familiares.
Faltan especialistas que expliquen la arquitectura tecnológica del problema, el modelo publicitario, el tratamiento de datos personales, los sistemas de recomendación, la moderación de contenidos, la libertad de expresión y los riesgos de implementar mecanismos masivos de verificación de identidad.
El gobierno ya comenzó a explicar qué les hacen las redes sociales a los menores.
Ahora falta una pregunta mucho más incómoda:
¿Qué va a hacer el Estado con las empresas que diseñaron esas plataformas para que resulte tan difícil dejarlas?