La Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta una de las controversias más delicadas de los últimos años. Su concurso de ingreso a licenciatura 2026, realizado por primera vez de manera completamente remota, presentó resultados que rompieron abruptamente con el comportamiento histórico de sus evaluaciones.
Las cifras no prueban por sí mismas que haya existido un fraude generalizado. Sin embargo, las diferencias son suficientemente grandes para exigir una explicación técnica mucho más profunda que atribuir el incremento a una generación mejor preparada.
A las anomalías se han sumado testimonios de supuestos aspirantes que aseguran haber utilizado herramientas de inteligencia artificial, recibido ayuda externa o conocido previamente parte de las preguntas. También existen denuncias sobre empresas y cursos que habrían ofrecido respuestas o mecanismos para garantizar puntajes elevados.
La pregunta ya no es únicamente cuántos estudiantes hicieron trampa.
La verdadera pregunta es si la UNAM puede demostrar que su proceso de selección continuó siendo justo, comparable y confiable.
Puntajes que rompieron el comportamiento histórico
Diversos investigadores comenzaron a revisar los resultados publicados después de detectar una concentración inusual de calificaciones altas.
Un análisis recopilado por WIRED en Español encontró que, entre 2025 y 2026, el porcentaje de aspirantes que obtuvo al menos 100 aciertos pasó de 3.5% a 16.3%. En el caso de quienes consiguieron 110 respuestas correctas o más, la proporción creció de 0.9% a 5.4%.
El cambio no consistió simplemente en que todos los aspirantes hubieran mejorado algunos puntos. Las gráficas mostraron una distribución distinta a la de años anteriores, con una concentración extraordinaria tanto en puntajes altos como en resultados extremadamente bajos.
En 2026, por ejemplo, 763 sustentantes obtuvieron menos de 20 aciertos y 481 consiguieron menos de diez. Entre 2021 y 2025, el promedio anual había sido de aproximadamente 54 personas con menos de 20 respuestas correctas y apenas tres con menos de diez.
Esta combinación ha generado una de las principales sospechas de los especialistas: que no todos los participantes realizaron la prueba bajo condiciones equivalentes.
Mientras una parte habría respondido el examen normalmente, otro grupo pudo contar con asistencia externa, acceso anticipado a reactivos o herramientas que modificaron significativamente su desempeño.
Una anomalía difícil de explicar como mejora académica
Eduardo Backhoff, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa y expresidente del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ha señalado que los cambios observados no corresponden con el comportamiento habitual de las evaluaciones estandarizadas.
En esta clase de pruebas, la mayoría de los estudiantes suele agruparse cerca de la media, mientras que pocos obtienen resultados extremadamente bajos o altos. Los cambios generacionales normalmente desplazan ligeramente la distribución, pero no transforman radicalmente su forma.
Backhoff ha planteado como hipótesis más plausible que pudo existir ayuda externa, filtración de respuestas o algún tipo de fraude informático. No lo ha presentado como una conclusión definitiva, pero sí como una posibilidad que debe investigarse seriamente.
Otros investigadores han llegado a una observación similar. Luis Ángel Maciel Barón explicó que las gráficas de este año muestran una distribución bimodal, es decir, dos grupos con comportamientos claramente diferenciados.
Según su análisis, si el incremento se debiera únicamente a un examen más sencillo, a mejores condiciones emocionales o a una preparación académica superior, la gráfica conservaría una forma parecida a la de años anteriores, aunque desplazada hacia puntajes mayores. Eso no ocurrió.
ChatGPT, segundos monitores y los puntos ciegos de la supervisión
Tras la publicación de los resultados comenzaron a circular testimonios de supuestos aspirantes que afirmaron haber utilizado ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial para resolver preguntas durante la prueba.
También se difundieron versiones sobre el uso de segundos monitores, teléfonos colocados fuera del alcance de la cámara, apoyo de otras personas y aprovechamiento de los puntos ciegos del sistema de vigilancia.
Estos testimonios individuales no permiten calcular cuántos aspirantes incurrieron en esas prácticas. Tampoco es posible verificar que todas las publicaciones difundidas en redes sociales sean auténticas.
Sin embargo, exhiben un problema que debió contemplarse desde el diseño del concurso: una cámara frontal y un navegador bloqueado no permiten observar completamente lo que ocurre en la habitación del sustentante.
La UNAM había informado que el examen sería vigilado por personal universitario y mediante un sistema de inteligencia artificial capaz de generar alertas sobre conductas anómalas. La cancelación final no dependería automáticamente del algoritmo, sino de la revisión de supervisores humanos.
En la práctica, el sistema parece haber tenido problemas en ambas direcciones. Algunos aspirantes denunciaron cancelaciones por movimientos, cambios de iluminación o ruidos ambientales, mientras que otras personas habrían conseguido utilizar dispositivos o recibir ayuda sin ser detectadas.
La IA de vigilancia pudo identificar ciertas señales, pero no podía garantizar que la prueba se desarrollara en un entorno completamente controlado.
La posible filtración de preguntas
El examen se aplicó en distintas fechas entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2026. La distribución del concurso en varias fases abrió otra vulnerabilidad: que algunos participantes ingresaran únicamente para recopilar reactivos y compartirlos con quienes presentarían la prueba posteriormente.
Las calificaciones extremadamente bajas han alimentado esa hipótesis. Algunos especialistas consideran posible que determinados participantes hayan entrado al sistema sin intención real de responder, sino para extraer preguntas o documentar el contenido del examen.
A esto se agregan las acusaciones contra cursos y particulares que presuntamente ofrecieron respuestas, asistencia remota o lugares prácticamente garantizados.
Hasta ahora no existe una resolución pública que permita afirmar quiénes participaron, cuánto dinero se cobró o si hubo acceso ilegal a los sistemas informáticos de la Universidad. Por ello, estas versiones deben mantenerse como líneas de investigación y no como hechos comprobados.
Lo que sí resulta evidente es que el modelo en línea amplió el número de actores capaces de intentar obtener beneficios económicos del proceso: aspirantes, intermediarios, cursos de preparación, operadores tecnológicos y posibles vendedores de información.
La UNAM canceló alrededor del 2% de las participaciones
La Universidad informó que cerca del 2% de los procesos fueron cancelados por conductas contrarias a la convocatoria y a la legislación universitaria. Considerando los más de 158,000 participantes, la cifra equivaldría aproximadamente a 3,170 aspirantes.
La cancelación de miles de pruebas demuestra que sí fueron detectadas irregularidades. No obstante, no resuelve la principal preocupación: cuántas conductas indebidas pudieron no ser identificadas.
El problema de fondo es que un sistema de vigilancia no puede evaluarse únicamente por el número de infracciones que descubre. También debe estimarse cuántas escaparon de sus controles.
Si quienes utilizaron métodos menos sofisticados fueron cancelados, pero quienes contaban con mejores equipos, más recursos o asesoría especializada lograron evadir la vigilancia, el mecanismo habría producido una nueva desigualdad.
No necesariamente entre quienes sabían más y quienes sabían menos, sino entre quienes tenían más capacidad tecnológica para burlar el examen.
La respuesta oficial: una comisión técnica
El 21 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó la elaboración de un informe detallado sobre el procedimiento y los resultados del concurso.
La UNAM también anunció la integración de una comisión técnica formada por especialistas universitarios de distintas disciplinas. Su función será revisar los datos, el procedimiento utilizado y los resultados, además de analizar los factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes.
La institución aseguró que el estudio se realizará con rigor académico y que sus conclusiones serán dadas a conocer públicamente. También informó que está atendiendo las solicitudes de revisión de aspirantes no seleccionados y de quienes tuvieron cancelada su participación.
La creación de la comisión es necesaria, pero su credibilidad dependerá de la información que pueda consultar y publicar.
No bastará con revisar si el sistema funcionó conforme a sus especificaciones. Será necesario determinar si las especificaciones eran suficientes para garantizar igualdad, seguridad y validez estadística.
Sheinbaum pide no hacer trampa
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la UNAM, como institución autónoma, resolver la controversia.
Consideró que probablemente no se tomó en cuenta todo el desarrollo tecnológico actual, especialmente las posibilidades que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial durante una evaluación remota.
También llamó a los estudiantes a no hacer trampa y reconoció que la IA está obligando a las instituciones educativas a reconsiderar sus métodos de evaluación, incluyendo el regreso a exámenes presenciales, ejercicios orales y actividades realizadas dentro del salón de clases.
El llamado ético es pertinente, pero no puede sustituir la responsabilidad institucional de diseñar un sistema resistente a las conductas previsibles.
Cuando están en juego miles de lugares y el futuro profesional de más de 150,000 jóvenes, la seguridad no puede depender exclusivamente de que todos los participantes se comporten correctamente.
¿Debe anularse todo el concurso?
Algunos especialistas consideran que las anomalías son suficientemente graves para cuestionar la validez general del proceso y plantear la repetición presencial de la prueba.
Sin embargo, anular todo el concurso también tendría consecuencias profundas. Afectaría a miles de aspirantes que pudieron haber obtenido legítimamente sus resultados, alteraría el calendario escolar y obligaría a repetir una operación de enorme complejidad.
Por eso la decisión no puede basarse únicamente en la indignación pública.
La comisión tendrá que determinar si es técnicamente posible identificar con suficiente precisión cuáles resultados son confiables, cuáles presentan señales de asistencia externa y qué proporción del proceso quedó comprometida.
Si las irregularidades pueden aislarse, la Universidad podría revisar únicamente los casos cuestionados. Pero si la evidencia demuestra que el instrumento perdió capacidad para distinguir entre conocimientos reales y ayuda externa, mantener los resultados sería igualmente injusto.
No se trata de castigar colectivamente ni de proteger administrativamente una decisión ya tomada.
Se trata de recuperar la legitimidad del concurso.
Aspirantes preparan una manifestación
Aspirantes inconformes y familiares convocaron a una movilización para el lunes 27 de julio de 2026 rumbo a la Rectoría de la UNAM.
Entre sus exigencias se encuentran una mayor transparencia sobre los resultados, mecanismos claros de revisión y el regreso del examen de ingreso a la modalidad presencial.
La protesta refleja algo más profundo que el descontento de quienes no fueron seleccionados. Para muchos participantes, la sospecha de que otras personas pudieron utilizar IA, comprar respuestas o recibir ayuda destruye la confianza en la competencia académica.
Quien estudió durante meses tiene derecho a saber si compitió contra otros estudiantes o contra redes de respuestas, asistentes digitales y mecanismos de evasión tecnológica.
La inteligencia artificial no es la culpable
Resultaría fácil convertir este caso en una acusación general contra ChatGPT, Gemini, Claude o cualquier otra plataforma.
Pero la inteligencia artificial no decidió realizar el examen desde los hogares. No estableció el calendario, no eligió el sistema de supervisión y tampoco determinó las condiciones técnicas bajo las cuales competirían los aspirantes.
La IA fue una herramienta disponible para quien estuviera dispuesto y tuviera posibilidades de utilizarla.
El verdadero problema fue construir un proceso de alto impacto bajo la suposición de que un navegador bloqueado, una cámara y un algoritmo de vigilancia podían reproducir las condiciones de un examen presencial.
La UNAM debe investigar a quienes ofrecieron o utilizaron mecanismos fraudulentos. Pero también tendrá que revisar con la misma seriedad las decisiones institucionales que hicieron posibles esas prácticas.
Porque cuando un sistema de evaluación puede ser alterado mediante segundos monitores, ayuda remota, filtraciones o asistentes de inteligencia artificial, la falla no pertenece solamente a quien hace trampa.
También pertenece al modelo que no pudo impedirla.
El examen de ingreso 2026 no debe convertirse en una condena contra toda evaluación digital. Sí debe convertirse en una advertencia: digitalizar un procedimiento no significa automáticamente modernizarlo.
Sin controles verificables, auditorías independientes y condiciones equivalentes para todos, la tecnología puede hacer más rápido un proceso.
Pero no necesariamente más justo.