La ampliación no fue presentada como una propuesta pendiente de votación, sino como una decisión definitiva. A las 6:50 de la mañana del 25 de junio de 2026 apareció en el portal oficial de la Comisión; a las 7:15 fue publicada en su cuenta de X y, a las 7:48, su oficina de prensa ya la confirmaba a distintos medios de comunicación.
El pleno, sin embargo, no comenzó su sesión extraordinaria sino hasta las 17:54 horas de ese mismo día. Para cuando los comisionados levantaron la mano, la prórroga ya llevaba prácticamente toda la jornada circulando como un hecho consumado.
La cronología abre una pregunta que la CRT todavía no responde con claridad: ¿quién autorizó anunciar la prórroga antes de que el órgano encargado de aprobarla hubiera votado?
Tenemos el audio oficial de la sesión
La información no proviene de una filtración, de una grabación clandestina ni de una fuente anónima.
El audio fue publicado por la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dentro del expediente correspondiente a la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del pleno, celebrada el 25 de junio de 2026. En esa misma página también se encuentran disponibles la versión estenográfica y el acta de la sesión.
En Ciber Conciencia Digital tenemos localizado ese material y cualquier persona puede consultarlo directamente en el portal oficial de la CRT:
Escuchar el audio y consultar los documentos de la sesión
El asunto relacionado con el registro de líneas celulares aparece como el punto ocho del orden del día, bajo el acuerdo P/CRT/EXT/25062026/084.
Esto es importante porque permite escuchar directamente lo que dijo la autoridad, sin depender únicamente de interpretaciones periodísticas. El audio confirma cuándo se discutió el tema, cuánto duró la exposición y cuáles fueron los argumentos utilizados para justificar la ampliación.
La prórroga no sólo buscaba ayudar a los usuarios
Durante las semanas posteriores al anuncio, la ampliación del plazo fue presentada principalmente como una facilidad para que la ciudadanía pudiera completar la vinculación de sus líneas con la CURP.
La explicación parecía sencilla: millones de personas todavía no habían realizado el trámite y necesitaban más tiempo.
Sin embargo, el audio oficial revela una razón mucho más delicada. Durante la presentación del proyecto se reconoció que la deshabilitación simultánea de millones de líneas podía afectar la estabilidad de las redes y la continuidad de los servicios.
La prórroga, por lo tanto, no sólo evitaba que una enorme cantidad de usuarios se quedara sin telefonía. También buscaba impedir que la aplicación del calendario diseñado por la propia CRT generara problemas operativos para las compañías y para la infraestructura móvil del país.
La autoridad no estaba corrigiendo únicamente una fecha. Estaba tratando de evitar las consecuencias técnicas de su propia regulación.
El plan original podía provocar una desconexión masiva
Los lineamientos establecían que las líneas no vinculadas dentro del plazo serían deshabilitadas. Al acercarse el vencimiento del 30 de junio, todavía existían decenas de millones de números pendientes de registro.
Suspenderlos no significaba simplemente cambiar el estado de una fila dentro de una base de datos. Los operadores tendrían que procesar enormes cantidades de instrucciones, validar las suspensiones, actualizar distintas plataformas y garantizar que esas operaciones no afectaran otros servicios.
La propia exposición ante el pleno reconoció que ejecutar esos procesos de manera masiva podía poner en riesgo la estabilidad de las redes.
Este dato cambia por completo la lectura de la prórroga. La ampliación no fue únicamente un gesto de flexibilidad hacia los ciudadanos, sino también una medida de emergencia para evitar una posible crisis operativa.
El riesgo existía desde diciembre
La posibilidad de una suspensión masiva no apareció de manera inesperada. Era una consecuencia directa de los lineamientos originales, aprobados por unanimidad en diciembre de 2025.
Desde el principio se sabía que las líneas no vinculadas serían desactivadas al concluir el plazo. Por eso, la CRT debió calcular con anticipación cuántos números podían suspenderse de forma segura, cuánto tiempo requerirían los operadores y qué efectos podía tener el proceso sobre la infraestructura.
Cuando una regulación contempla la desconexión de millones de usuarios en una fecha determinada, la autoridad debe conocer previamente la capacidad de las redes, los límites técnicos de los operadores y los riesgos para los servicios esenciales.
También debe evaluar el impacto sobre operaciones bancarias, códigos de autenticación, sistemas de emergencia, actividades comerciales y comunicaciones familiares.
Ese análisis no debería realizarse cinco días antes del vencimiento.
Tres minutos para corregir meses de errores
La dimensión del problema contrasta con la brevedad de la discusión pública.
El punto relacionado con la prórroga fue presentado, votado y aprobado en aproximadamente tres minutos y 29 segundos. Durante ese tiempo no hubo preguntas visibles de los comisionados, objeciones ni solicitudes de aclaración sobre la capacidad técnica de las redes.
Tampoco se explicó por qué ese riesgo no había sido previsto desde la aprobación de los lineamientos originales.
Es posible que existieran reuniones previas, documentos técnicos y conversaciones internas entre los funcionarios. La propia CRT ha señalado que los asuntos sometidos al pleno pasan por procesos anteriores de análisis.
Pero el trabajo previo no sustituye la deliberación pública.
El pleno es el espacio en el que los comisionados deben cuestionar, explicar, justificar y asumir responsabilidad por sus decisiones. Si todo estaba resuelto antes de la sesión, la votación corre el riesgo de convertirse en un trámite. Si todavía no lo estaba, resulta aún más grave que la ampliación hubiera sido anunciada desde la mañana como una resolución definitiva.
Primero se anunció y después se formalizó
La CRT respondió que los asuntos del pleno son analizados previamente por las áreas técnicas y por los propios comisionados. Esa explicación puede justificar que los integrantes ya conocieran el proyecto, pero no aclara por qué la institución comunicó públicamente una resolución que todavía no había sido votada.
Un análisis previo no equivale a una aprobación formal.
Hasta el momento de la sesión, los comisionados todavía podían solicitar modificaciones, emitir observaciones, pedir información adicional o votar en contra.
Al anunciar la prórroga antes de la sesión, la Comisión redujo en la práctica la posibilidad de que la votación produjera un resultado distinto. La ciudadanía conoció la decisión antes de conocer la deliberación y, cuando finalmente llegó la sesión, la discusión pública fue mínima.
La industria llevaba meses pidiendo más tiempo
La falta de margen tampoco fue una sorpresa.
Las compañías telefónicas llevaban meses solicitando una ampliación del plazo y la realización de una consulta pública. Habían advertido sobre dificultades técnicas, operativas y financieras para vincular más de cien millones de líneas dentro del calendario establecido.
La CRT permitió que transcurrieran casi seis meses antes de modificar las reglas. Después, cuando el vencimiento ya estaba encima, argumentó que no existía tiempo suficiente para someter el cambio a consulta pública.
La contradicción es difícil de ignorar.
La autoridad tardó tanto en reaccionar que terminó utilizando su propio retraso como justificación para acelerar la decisión. No hubo consulta porque ya no había tiempo, pero la falta de tiempo fue consecuencia de haber dejado avanzar el problema hasta los últimos días.
La respuesta oficial no resuelve el fondo
La Comisión también destacó que los audios, actas y versiones estenográficas están disponibles públicamente como parte de sus obligaciones de transparencia.
Eso es correcto y precisamente por eso podemos consultar el audio completo.
El cuestionamiento no consiste en afirmar que la CRT ocultó la grabación, sino en analizar lo que esa grabación permite comprobar. El audio confirma que la votación ocurrió después del anuncio y que la ampliación estaba relacionada con el riesgo de afectar la estabilidad de las redes.
La CRT puede sostener que existió un análisis técnico previo, pero todavía debe explicar quién autorizó la publicación matutina y bajo qué fundamento se comunicó una decisión que no había sido aprobada formalmente.
La transparencia no consiste sólo en subir documentos a una página. También exige explicar cómo, cuándo y bajo qué responsabilidad se toman las decisiones.
El problema no termina con la prórroga
Ampliar el plazo probablemente era necesario. Desconectar simultáneamente millones de líneas habría provocado afectaciones económicas, sociales y operativas difíciles de calcular.
La telefonía móvil se utiliza para trabajar, realizar operaciones bancarias, recibir códigos de autenticación, pedir ayuda, comunicarse con servicios de emergencia y mantener contacto con familiares.
Sin embargo, evitar la crisis inmediata no corrige las fallas de origen. La prórroga únicamente trasladó el problema hacia una nueva fecha.
La CRT todavía debe demostrar que el calendario actualizado es técnicamente viable, explicar cuántas líneas pueden suspenderse sin afectar las redes y transparentar los estudios que respaldan la nueva estrategia.
También debe aclarar qué medidas se tomarán para evitar filtraciones, suplantaciones de identidad, registros fraudulentos y errores en la vinculación de números con la CURP.
Sobre todo, debe demostrar que la medida tendrá un efecto real contra la extorsión y otros delitos. Registrar millones de líneas no prueba que quienes delinquen utilizarán su identidad verdadera, ni evita que empleen datos robados, líneas extranjeras o números registrados a nombre de terceros.
Las preguntas que la CRT todavía debe responder
Después de conocer la cronología y escuchar la sesión oficial, permanecen varios cuestionamientos.
La Comisión debe aclarar quién autorizó anunciar la prórroga antes de la votación, desde cuándo sabía que una desconexión masiva podía afectar las redes y por qué ese riesgo no fue evaluado al aprobar los lineamientos originales.
También tendría que publicar los estudios técnicos que respaldan el nuevo calendario, explicar cuántas líneas pueden deshabilitarse diariamente sin afectar el servicio y detallar qué cambiará antes del siguiente vencimiento para evitar que el mismo problema vuelva a repetirse.
No fue sólo improvisación técnica
Este episodio no puede reducirse a una mala estimación de capacidad.
La CRT aprobó una regulación con consecuencias masivas sin calcular adecuadamente su ejecución. Ignoró durante meses las advertencias de la industria, llegó al final del plazo con millones de líneas pendientes y reconoció que aplicar su propia norma podía afectar las redes.
Después anunció la solución antes de que su pleno la aprobara y formalizó la decisión mediante una sesión sin una discusión pública sustancial.
Ese conjunto de hechos muestra un problema más profundo de gobernanza regulatoria.
Las autoridades pueden equivocarse. Lo importante es que expliquen cómo ocurrió el error, quién asumió la responsabilidad y qué medidas se tomarán para evitar que se repita.
En este caso, primero se presentó la prórroga como una ayuda para la ciudadanía y después supimos que también buscaba evitar una afectación técnica. Primero se anunció la decisión y después se reunió el pleno encargado de aprobarla. Durante meses se dejó correr el calendario y, al final, la falta de tiempo se utilizó como argumento para no consultar públicamente el cambio.
Primero se vota y después se anuncia
Cuando una autoridad pretende vincular más de cien millones de líneas telefónicas con la identidad de sus usuarios, el nivel de transparencia y rigor técnico debe ser extraordinario.
Los estudios deben ser públicos, las advertencias tienen que conocerse, los riesgos deben discutirse y las decisiones deben tomarse en el orden correcto: primero se analiza, después se delibera, luego se vota y finalmente se anuncia.
El 25 de junio ocurrió al revés.
La CRT anunció primero y votó después. Gracias al audio oficial que ella misma publicó, hoy sabemos que la prórroga no fue únicamente una concesión para dar más tiempo a los ciudadanos.
También fue una maniobra de emergencia para evitar que la aplicación de su propio plan afectara las redes celulares.
El registro de líneas no sólo está exhibiendo riesgos para la privacidad, la seguridad y los derechos de los usuarios. También está revelando cómo se diseñan, se corrigen y se aprueban las decisiones regulatorias en México.