La protagonista es Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, quien fue separada temporalmente de sus funciones. Sin embargo, al revisar el caso con mayor detenimiento, descubrimos que la historia es bastante más compleja de lo que sugerían algunos encabezados.
Las publicaciones disponibles no hablan únicamente de inteligencia artificial. También mencionan quejas presentadas por trabajadores, conflictos laborales, señalamientos por el trato al personal y controversias relacionadas con distintas decisiones judiciales. Además, hasta el momento no se ha hecho pública una resolución completa del Tribunal de Disciplina Judicial que permita afirmar que la separación ocurrió específicamente por haber utilizado IA para redactar sentencias.
Por lo tanto, sería irresponsable concluir que estamos frente a la primera jueza mexicana suspendida por utilizar ChatGPT o alguna herramienta semejante.
Pero el hecho de que el contexto sea más amplio no vuelve irrelevante el señalamiento. Al contrario, nos brinda una oportunidad para poner sobre la mesa una discusión que México tendrá que enfrentar muy pronto:
¿Puede un juez utilizar inteligencia artificial para elaborar una sentencia?
La respuesta no puede reducirse a un simple sí o no.
La inteligencia artificial no es necesariamente el problema
Durante años, los jueces y sus equipos han utilizado herramientas tecnológicas para desempeñar su trabajo. Consultan bases de datos jurídicas, motores de búsqueda, sistemas de gestión de expedientes, procesadores de texto y plataformas que permiten localizar jurisprudencias.
La inteligencia artificial puede ser una evolución de esas herramientas.
Puede ayudar a encontrar antecedentes, clasificar documentos, resumir expedientes extensos, identificar contradicciones, comparar resoluciones, revisar la redacción de un proyecto o localizar errores formales.
Incluso puede utilizarse para elaborar un primer borrador, siempre que ese documento sea revisado, corregido y asumido plenamente por la persona responsable de la decisión.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha reconocido que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de los procesos jurisdiccionales. Sin embargo, también ha advertido que la responsabilidad de dictar justicia sigue siendo humana y que no puede trasladarse a una herramienta tecnológica.
El problema, entonces, no está necesariamente en utilizar IA.
El problema comienza cuando dejamos de verla como una herramienta de apoyo y permitimos que sustituya el criterio de quien tiene la obligación de impartir justicia.
Una sentencia no es cualquier texto
Algunas personas podrían pensar que utilizar inteligencia artificial para redactar una sentencia no es muy diferente de emplearla para escribir un correo electrónico, resumir un documento o corregir un artículo.
La diferencia es enorme.
Una sentencia puede determinar si una persona conserva su libertad, pierde su patrimonio, mantiene la custodia de sus hijos, obtiene una indemnización o recibe protección frente a un abuso de autoridad.
No se trata únicamente de producir un texto bien redactado.
Una sentencia debe demostrar que el juzgador estudió el expediente, comprendió las pruebas, escuchó los argumentos de las partes, interpretó correctamente la ley y puede explicar por qué llegó a una determinada conclusión.
Una herramienta de inteligencia artificial puede generar un documento que parezca jurídicamente sólido. Puede utilizar palabras técnicas, organizar argumentos y citar disposiciones legales. Sin embargo, eso no significa que haya comprendido el caso ni que las referencias utilizadas sean verdaderas.
Los sistemas generativos pueden inventar jurisprudencias, confundir nombres, atribuir criterios a tribunales que nunca los emitieron o presentar como hechos elementos que no aparecen en el expediente.
Ese fenómeno no siempre resulta evidente. Una respuesta incorrecta puede estar escrita con tanta seguridad y claridad que parezca confiable incluso para una persona con experiencia.
Por eso, en materia judicial, no basta con que el resultado suene convincente.
Debe ser verificable.
¿En qué momento deja de ser aceptable?
Prohibir cualquier uso de inteligencia artificial dentro de los tribunales sería poco realista y probablemente contraproducente. Estas herramientas pueden reducir cargas administrativas y permitir que jueces y secretarios dediquen más tiempo al análisis sustantivo de los casos.
Pero eso no significa que todo uso sea legítimo.
La línea comienza a cruzarse cuando el juzgador firma un documento que no revisó de manera completa, cuando acepta argumentos generados automáticamente sin verificar sus fuentes o cuando permite que la herramienta decida qué pruebas son creíbles y cuáles deben descartarse.
También resulta inaceptable introducir expedientes completos, datos personales, testimonios, información médica o documentos confidenciales en plataformas comerciales sin saber cómo serán almacenados o utilizados.
Un juez tampoco debería delegar en una inteligencia artificial la interpretación final de la ley, la evaluación de la responsabilidad de una persona o la decisión sobre una medida que afecte sus derechos.
La tecnología puede ayudar a organizar la información.
Puede sugerir caminos de análisis.
Puede detectar inconsistencias.
Pero la decisión debe seguir perteneciendo al juez.
La responsabilidad no puede diluirse
Supongamos que una sentencia elaborada con ayuda de inteligencia artificial contiene una jurisprudencia inexistente. O que confunde el nombre de una de las partes, interpreta incorrectamente una prueba o utiliza información que pertenece a otro expediente.
¿Quién responde por el error?
La empresa que creó el modelo probablemente señalará que su sistema puede equivocarse y que los resultados deben verificarse. La plataforma utilizada podrá argumentar que únicamente ofrece una herramienta de asistencia.
La inteligencia artificial, por supuesto, no puede ser sancionada.
La responsabilidad seguirá siendo del juez que firmó la resolución.
Esto debe quedar claro desde el principio. Ningún servidor público debería utilizar la tecnología como excusa para reducir su responsabilidad.
Decir que “la inteligencia artificial se equivocó” no puede ser una defensa válida cuando se afectan la libertad, el patrimonio o los derechos de una persona.
La firma del juez debe significar que leyó la sentencia, verificó las referencias, revisó los hechos y está en condiciones de defender cada uno de sus argumentos.
Si no puede hacerlo, el problema no es únicamente tecnológico. Es un problema de responsabilidad institucional.
También existe un problema de transparencia
Otro punto que México tendrá que discutir es si las partes de un juicio tienen derecho a saber que se utilizó inteligencia artificial durante la elaboración de una sentencia.
No sería razonable exigir que se informe cada vez que un juez utiliza una herramienta para corregir ortografía o localizar rápidamente una disposición legal.
Pero la situación cambia cuando la IA participa sustancialmente en el análisis del expediente, propone razonamientos, genera argumentos o redacta partes importantes de la resolución.
En esos casos debería existir algún registro.
¿Qué sistema se utilizó?
¿Qué información recibió?
¿Qué instrucciones se le dieron?
¿Qué partes del resultado fueron verificadas?
¿Se eliminaron los datos personales antes de introducirlos?
¿La herramienta fue autorizada por la institución?
La transparencia no pretende castigar la innovación. Su objetivo es permitir que una decisión pueda ser revisada y cuestionada.
Cuando una autoridad utiliza un sistema automatizado que influye en los derechos de una persona, debe existir la posibilidad de conocer cómo se utilizó y cuáles fueron sus límites.
No todas las inteligencias artificiales son iguales
Otro error frecuente consiste en hablar de “la inteligencia artificial” como si se tratara de una sola herramienta.
No es lo mismo utilizar un buscador jurídico especializado que consulta exclusivamente fuentes oficiales, que introducir un expediente en un chatbot comercial de propósito general.
Tampoco es igual emplear un sistema interno, auditado y protegido por el Poder Judicial, que utilizar una cuenta personal gratuita cuyos términos de privacidad podrían permitir el almacenamiento o procesamiento de la información.
Las reglas deben distinguir entre herramientas, funciones y niveles de riesgo.
Una IA utilizada para calcular plazos procesales no representa el mismo peligro que una empleada para recomendar sentencias.
Un sistema que ordena documentos no tiene las mismas implicaciones que otro que evalúa la probabilidad de reincidencia de una persona.
Regular todo bajo una sola categoría podría llevarnos a dos extremos igualmente dañinos: prohibir herramientas útiles por desconocimiento o permitir usos peligrosos porque la ley no supo distinguirlos.
México no debería esperar al primer gran escándalo
La discusión no es hipotética. La inteligencia artificial ya está siendo utilizada por abogados, despachos, dependencias públicas y personas que trabajan dentro de los sistemas de justicia.
La pregunta no es si llegará a los tribunales.
Ya llegó.
La verdadera pregunta es bajo qué reglas se utilizará.
México necesita lineamientos que establezcan claramente qué tareas pueden apoyarse con inteligencia artificial, qué información nunca debe introducirse en sistemas externos y cuáles decisiones deben mantenerse bajo control exclusivamente humano.
También se requieren mecanismos de auditoría, capacitación y documentación.
No basta con decirle a un juez que “use responsablemente” la inteligencia artificial. Las instituciones deben proporcionar herramientas seguras, protocolos específicos y criterios para detectar errores.
De otra manera, cada juzgado terminará improvisando sus propias reglas.
Algunos prohibirán por completo estas tecnologías. Otros las utilizarán sin controles. Y muchos servidores públicos podrían recurrir a cuentas personales porque las instituciones no les ofrecieron una alternativa adecuada.
Una discusión que no puede mezclarse con todo
En los próximos días, la presidenta Claudia Sheinbaum pretende colocar nuevamente sobre la mesa propuestas relacionadas con la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las redes sociales.
Ese debate es necesario, pero existe un riesgo evidente: mezclar problemas completamente diferentes bajo una misma etiqueta.
La moderación de contenidos en redes sociales no es lo mismo que el uso de IA en los tribunales.
Los videos falsos durante una campaña electoral no representan el mismo problema que los algoritmos utilizados por un banco para validar la identidad de sus clientes.
La protección de los derechos de autor no puede regularse con los mismos criterios que una herramienta utilizada por un hospital para apoyar un diagnóstico.
México ya ha visto las consecuencias de legislar mediante conceptos demasiado amplios. La llamada Ley Serrano de San Luis Potosí, que penaliza el “uso indebido” de inteligencia artificial sin ofrecer una definición suficientemente precisa, ha generado señalamientos de censura y persecución contra periodistas y críticos del gobierno estatal. Su revisión fue aplazada mientras continúan las objeciones de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Ese ejemplo debería servir de advertencia.
No necesitamos una gran ley que pretenda resolver de una sola vez todos los problemas relacionados con la inteligencia artificial.
Necesitamos reglas específicas para contextos específicos.
Lo que sí debería discutirse
Si el gobierno federal realmente quiere iniciar una conversación seria sobre inteligencia artificial, el uso de estas herramientas dentro del Estado debe ocupar un lugar central.
Debemos discutir qué pueden hacer con ellas los jueces, fiscales, policías, autoridades migratorias, hospitales públicos, bancos y dependencias gubernamentales.
También debemos definir qué decisiones jamás deberían delegarse, qué información puede procesarse, cómo se protegerán los datos personales y quién responderá cuando el sistema se equivoque.
En el caso de los jueces, las reglas mínimas deberían ser claras:
La IA puede asistir, pero no decidir.
Puede ayudar a redactar, pero no reemplazar el razonamiento.
Puede localizar información, pero todas las fuentes deben verificarse.
Puede organizar un expediente, pero no debe recibir datos confidenciales mediante plataformas inseguras.
Y, sobre todo, el juez debe conservar plenamente la responsabilidad por la sentencia que firma.
La pregunta que deja el caso Zacatecas
Todavía falta conocer con precisión qué ocurrió en el Juzgado Tercero de Distrito de Zacatecas y cuáles fueron las razones formales que llevaron a la separación de su titular.
No debemos convertir señalamientos en hechos ni utilizar una nota incompleta para condenar anticipadamente a una persona.
Pero tampoco debemos ignorar la pregunta que el caso ha colocado frente a nosotros.
La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta valiosa para reducir cargas de trabajo, encontrar información y mejorar la administración de justicia.
Lo que nunca debe convertirse es en una salida fácil para producir sentencias sin estudio, sin verificación y sin responsabilidad.
La discusión no debería centrarse en determinar si la inteligencia artificial es buena o mala.
La pregunta correcta es otra:
¿En qué momento deja de ayudarnos a ejercer una responsabilidad y comienza a sustituir a quien debe asumirla?
Eso es precisamente lo que México tendría que discutir antes de presentar nuevas leyes, sanciones o prohibiciones.
Porque una inteligencia artificial puede ayudar a redactar una sentencia.
Pero solo un juez puede estudiarla, justificarla, firmarla y responder por sus consecuencias.