Hasta ahí, el anuncio puede sonar razonable. La inteligencia artificial sí necesita reglas. Las plataformas digitales sí tienen problemas. Los menores sí enfrentan riesgos en línea. Los algoritmos sí influyen en lo que vemos. Y el uso de celulares en las escuelas sí merece una discusión seria.
El problema es que todo eso no es lo mismo.
Y cuando desde el poder se mete todo en la misma bolsa, la preocupación ya no es solo tecnológica. También es democrática.
Porque una cosa es regular inteligencia artificial. Otra muy distinta es regular plataformas digitales. Otra es hablar de redes sociales. Otra es limitar celulares en escuelas. Otra es perseguir delitos sexuales contra menores en línea. Otra es revisar algoritmos. Y otra, mucho más delicada, es decidir qué información “no debería estar tan accesible”.
Cuando el gobierno no distingue bien esas capas, puede terminar haciendo una ley que no resuelve el problema y sí abre la puerta a vigilancia, censura, bloqueo de servicios o castigo a contenidos incómodos.
El diagnóstico viene revuelto
La pregunta que le hicieron a la presidenta mezclaba dos temas: por un lado, la ley de inteligencia artificial; por otro, el debate sobre uso de dispositivos. Sheinbaum respondió anunciando una discusión posterior al Mundial, con expertos en la mañanera y fuera de ella.
Pero en su respuesta no separó con claridad los temas. Habló de plataformas, redes sociales, celulares, inteligencia artificial, abuso sexual en línea, concentración de poder tecnológico, salud de niñas y niños, regulaciones internacionales y censura.
Todo junto.
Ese es el problema.
No porque esos temas no existan, sino porque cada uno necesita una respuesta distinta. Si se parte de un diagnóstico revuelto, la regulación puede salir igual de revuelta. Y en materia digital, una ley revuelta no solo genera confusión: puede afectar derechos.
Un celular no es TikTok, y TikTok no es la IA
El primer error está en confundir o mezclar conceptos básicos. Un celular es un dispositivo. TikTok, Instagram, YouTube o X son servicios digitales con dinámicas de red social o plataforma de contenido. WhatsApp y Telegram son servicios de mensajería. Roblox o Fortnite son entornos de juego e interacción. Google Classroom o Moodle son plataformas educativas. Y la inteligencia artificial puede estar dentro de cualquiera de esos servicios, pero también puede usarse en un banco, una escuela, una fiscalía, una empresa o una oficina de gobierno.
Por eso no basta decir “vamos a regular plataformas”. Esa frase suena bien, pero es demasiado amplia. ¿Qué plataformas? ¿Las redes sociales abiertas? ¿La mensajería privada? ¿Los videojuegos? ¿Las plataformas educativas? ¿Las apps bancarias? ¿Los sistemas de IA generativa? ¿Los algoritmos de recomendación?
Si la ley no define eso con precisión, el gobierno puede terminar aplicando reglas pensadas para TikTok a servicios que no tienen nada que ver con TikTok. O peor: puede usar una preocupación legítima por la protección de menores para justificar controles más amplios sobre internet.
Y ahí es donde empieza el peligro.
Regular celulares en escuelas no es regular IA
La parte más concreta de la respuesta presidencial fue la posibilidad de poner limitantes al uso de teléfonos celulares en escuelas a nivel nacional. Ese debate puede ser válido. Hay argumentos pedagógicos, sociales y de salud mental para revisar cómo se usan los celulares en primaria, secundaria y bachillerato.
Pero eso es política educativa. No es regulación de inteligencia artificial. Tampoco es, por sí mismo, regulación de redes sociales.
Se puede prohibir o limitar el celular en clase sin tocar los algoritmos de TikTok. Y se puede exigir transparencia a plataformas digitales sin prohibir celulares en las escuelas.
Si el gobierno quiere discutir celulares en escuelas, que lo diga así. Pero mezclar ese tema con inteligencia artificial y regulación de plataformas solo vuelve más confusa la conversación pública.
Y una conversación pública confusa suele ser muy útil para el poder: permite presentar una medida aceptable como puerta de entrada a otras mucho más delicadas.
“Adicción” no basta como diagnóstico
Sheinbaum habló de la adicción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a plataformas y redes sociales. La preocupación no es inventada. Hay un debate real sobre uso problemático de redes, salud mental, sueño, atención, ansiedad, exposición a contenido dañino y diseño persuasivo.
Pero si se quiere regular en serio, hay que ir más allá de la palabra “adicción”. No todo uso frecuente de redes sociales es una adicción clínica. Y no todo problema se resuelve quitándole el celular al usuario.
El punto técnico está en el diseño: scroll infinito, reproducción automática, notificaciones insistentes, recompensas variables, rachas, likes, recomendaciones algorítmicas, publicidad dirigida y sistemas que buscan retener la atención del usuario el mayor tiempo posible.
Si el diagnóstico se queda en “los jóvenes son adictos”, la solución puede terminar culpando a las familias, a las escuelas o a los propios menores. Pero si el diagnóstico apunta al diseño de las plataformas, entonces la discusión cambia: ya no se trata solo de disciplina individual, sino de modelos de negocio construidos alrededor de capturar atención.
El control de las plataformas: ¿quién controla a quién?
Otro punto que mencionó la presidenta fue el control de las plataformas: quiénes son dueños, cuántas personas concentran ese poder y cómo se organiza esa concentración tecnológica.
Ese tema es importante. Las grandes plataformas digitales no solo prestan servicios; también ordenan conversaciones públicas, distribuyen información, recomiendan contenidos, moderan discursos, almacenan datos, segmentan publicidad y deciden qué se vuelve visible o invisible para millones de personas.
Pero otra vez: hay que definir el problema. No es lo mismo hablar de concentración económica que de moderación de contenido. No es lo mismo auditar algoritmos que controlar publicaciones. No es lo mismo regular publicidad política que permitir a una autoridad decidir qué contenido debe bajar.
La pregunta no es solo quién controla las plataformas. La pregunta también es quién quiere controlarlas después.
Porque si el Estado critica el poder de las tecnológicas para después reclamar ese poder para sí mismo, el ciudadano no gana libertad. Solo cambia de controlador.
La frase más delicada: información que no debería estar tan accesible
La parte más peligrosa de la respuesta no fue hablar de IA. Fue hablar de información que “no debería estar tan accesible”.
La preocupación puede ser legítima si se refiere a pornografía infantil, explotación sexual, retos peligrosos, violencia extrema, autolesiones, grooming, sextorsión o contacto de adultos con menores. Nadie serio puede negar que esos problemas existen y que requieren respuestas fuertes.
Pero la frase es peligrosa porque no define quién decide qué información no debería estar disponible, bajo qué criterios, con qué autoridad y con qué mecanismo de defensa.
¿Lo decidirá una plataforma? ¿Una escuela? ¿Una autoridad administrativa? ¿Un juez? ¿Una fiscalía? ¿El gobierno federal? ¿Habrá apelación? ¿Habrá transparencia? ¿Habrá límites?
En internet, las frases vagas son peligrosas. “Contenido dañino”, “uso indebido”, “información no adecuada” o “riesgo para la salud” pueden significar cosas razonables si se definen bien. Pero también pueden convertirse en herramientas para bajar crítica política, incomodar periodistas, intimidar creadores o perseguir sátira.
El riesgo no está en proteger a niñas y niños. El riesgo está en usar esa protección como argumento para abrir una puerta de control general sobre la información.
Abusos sexuales en redes: nombrar mal también es regular mal
Sheinbaum dijo que hay “abusos sexuales en las redes sociales”. El problema existe, pero la frase está técnicamente floja. No es lo mismo abuso sexual, grooming, sextorsión, acoso digital, captación de menores, distribución de material de abuso sexual infantil o suplantación con imágenes generadas por IA.
Cada problema necesita una respuesta diferente. Si hablamos de grooming, se necesitan protocolos de denuncia, preservación de evidencia, cooperación con plataformas y fiscalías capacitadas. Si hablamos de material de abuso sexual infantil, se necesitan mecanismos de detección, reporte y remoción con estándares claros. Si hablamos de sextorsión, se requiere atención a víctimas, investigación digital y coordinación bancaria o de plataformas cuando haya pagos o amenazas.
Meter todo bajo la frase “abusos sexuales en redes” puede sonar contundente, pero no ayuda a construir una buena ley. Al contrario: permite justificar medidas generales bajo el impacto emocional de un delito gravísimo.
Y eso ya lo hemos visto antes: se usa un problema real, doloroso y urgente para aprobar reglas amplias que después terminan afectando a más personas de las que se pretendía proteger.
Decir “no es censura” no basta
La presidenta anticipó la crítica y dijo que esto no tiene nada que ver con censura. Pero una ley no deja de ser censura porque el gobierno diga que no lo es.
La diferencia está en los mecanismos concretos. Una regulación digital seria necesita definiciones precisas, límites claros, debido proceso, revisión judicial, transparencia, proporcionalidad y mecanismos de apelación. También necesita proteger de forma explícita el periodismo, la sátira, la crítica política, la investigación académica y la creación legítima.
El antecedente de San Luis Potosí muestra por qué esto importa. La llamada Ley Serrano, que penaliza el “uso indebido” de inteligencia artificial, ha sido criticada por periodistas, activistas y organismos internacionales por el riesgo de convertirse en una herramienta contra la libertad de expresión. El Congreso local aplazó hasta septiembre de 2026 la revisión de esa norma, después de las críticas por sus posibles efectos contra comunicadores.
También se han documentado denuncias, procesos y señalamientos contra periodistas en ese estado bajo el contexto de esa legislación. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han sido mencionadas entre quienes alertaron sobre el riesgo de censura y persecución.
Ese es el ejemplo perfecto de lo que puede pasar cuando una ley de IA se redacta con conceptos demasiado amplios. Puede nacer con la promesa de combatir falsificaciones o daños digitales, pero terminar sirviendo para intimidar a quienes publican información incómoda.
México no está empezando de cero
Otro punto que no debe pasar desapercibido es que México ya tiene trabajo legislativo sobre inteligencia artificial. El Senado tiene una Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial, cuya misión oficial es analizar el impacto de la IA y fomentar su adopción bajo un marco normativo seguro y beneficioso para el país.
Además, en abril de 2026 el Senado informó que dicha comisión estaba en condiciones de presentar una iniciativa de ley para regular y fomentar el uso de IA en México, aclarando que no sería limitativa del derecho de expresión.
Entonces la discusión no empieza después del Mundial. Ya existe. Ya está en el Congreso. Ya hay propuestas, advertencias, foros, documentos y ejemplos de lo que puede salir mal.
La pregunta es por qué desde la Presidencia se presenta como si apenas se fuera a descubrir el tema en la mañanera.
El verdadero peligro
El peligro no es regular la IA. El peligro es regularla sin entenderla.
Regular bien implica separar problemas. Si hablamos de deepfakes sexuales, hay que discutir consentimiento, daño, prueba, sanciones y reparación. Si hablamos de fraudes con clonación de voz, hay que discutir identidad, bancos, telecomunicaciones, fiscalías y evidencia digital. Si hablamos de IA en gobierno, hay que discutir transparencia, auditoría, sesgos, responsabilidad y derecho a explicación. Si hablamos de plataformas, hay que discutir algoritmos, datos, publicidad, menores y moderación. Si hablamos de celulares en escuelas, hay que discutir educación, convivencia, aprendizaje y protocolos escolares.
No se puede resolver todo con una sola frase: “vamos a regular”.
Porque esa frase puede significar muchas cosas. Puede significar protección de derechos. Puede significar transparencia. Puede significar obligaciones para empresas. Pero también puede significar vigilancia, bloqueo, censura o castigo penal ambiguo.
Por eso la precisión no es un capricho de especialistas. Es una defensa ciudadana.
Regular con brocha gorda
México necesita reglas para la inteligencia artificial, pero no necesita una ley escrita con brocha gorda. No necesita una regulación que meta en el mismo cajón a un celular, una red social, una plataforma educativa, un algoritmo, un videojuego, un delito sexual y una herramienta de generación de imágenes.
Eso no sería modernidad regulatoria. Sería desorden con sello oficial.
El país necesita una discusión seria, técnica y democrática. Una discusión donde el gobierno diga exactamente qué quiere regular, qué daño busca prevenir, qué evidencia tiene, qué autoridad va a intervenir, qué límites tendrá esa autoridad y cómo se protegerán los derechos de los ciudadanos.
Porque cuando una autoridad no sabe si está hablando de TikTok, WhatsApp, Roblox, un celular escolar o una herramienta de IA, la ciudadanía debería preocuparse. No porque la tecnología no deba regularse, sino porque una mala definición puede convertirse en una mala ley.
Y una mala ley digital no solo se queda en el Diario Oficial. Puede terminar en una fiscalía, en una escuela, en una plataforma bloqueada, en una cuenta suspendida, en un periodista intimidado o en un ciudadano sin herramientas para defenderse.
La pregunta de fondo
La discusión no debería ser “regular sí” o “regular no”. Esa es una trampa demasiado simple.
La discusión real es si México va a regular con conocimiento técnico, precisión jurídica y garantías democráticas, o si va a usar preocupaciones legítimas —menores, salud, abuso, IA, plataformas— para construir una regulación ambigua donde todo quepa y todo pueda castigarse.
Porque si el diagnóstico es “todo lo digital preocupa”, la receta puede terminar siendo “todo lo digital se controla”.
Y ese ya no es un debate tecnológico.
Es un debate sobre poder.