La imagen también afirma que alrededor de 166 gobiernos en el mundo piden el registro de SIMs de prepago y usa como ejemplo a Filipinas, donde supuestamente aumentó la tasa de resolución de delitos de ciberseguridad del 70% al 95%.
A primera vista, la publicación parece contundente. Pero cuando se revisan los datos con más cuidado, el caso es mucho menos simple.
El problema no es que todos los datos sean falsos. El problema es que están presentados de forma incompleta. Y cuando hablamos de entregar datos personales, identidad y líneas telefónicas al Estado o a los operadores, la información incompleta también puede desinformar.
El dato de los 166 países necesita contexto
La imagen de la CRT afirma que alrededor de 166 países piden registrar líneas celulares. Es posible que la cifra venga de alguna actualización reciente o de una base interna, pero en fuentes públicas de GSMA el dato que se encuentra con claridad es otro: en 2021, GSMA reportaba 157 países con políticas obligatorias de registro de SIMs de prepago.
Esto no significa que la cifra de 166 sea necesariamente falsa, pero sí significa que la autoridad debería citar con precisión el reporte, la fecha y la metodología usada. No es lo mismo decir “muchos países lo hacen” que demostrar que esa política funciona para reducir delitos.
Además, que una medida exista en muchos países no la convierte automáticamente en buena, proporcional o segura. Muchas políticas públicas se replican por razones de control, presión internacional, seguridad nacional o conveniencia administrativa, no necesariamente porque exista evidencia sólida de que resuelven el problema que prometen resolver.
Filipinas: el ejemplo que la CRT usa como prueba
Filipinas implementó el registro obligatorio de tarjetas SIM mediante la Republic Act No. 11934, conocida como SIM Registration Act. La ley fue aprobada el 10 de octubre de 2022 y obligó a registrar las SIM con datos de identidad del usuario.
La implementación del registro comenzó el 27 de diciembre de 2022. El plazo original terminaba en abril de 2023, pero fue extendido por 90 días, hasta el 25 de julio de 2023. Después de ese periodo, las SIM no registradas comenzaron a ser desactivadas.
Al cierre del proceso, se reportaron 113,969,014 SIMs registradas, equivalentes al 67.83% de las aproximadamente 168 millones de líneas consideradas por las autoridades filipinas. En otras palabras: más de 54 millones de SIMs no quedaron registradas y fueron desactivadas o salieron del universo activo.
Ese dato es importante porque muestra que el registro no fue una simple actualización administrativa. Fue una medida masiva con consecuencias reales para millones de usuarios.
El dato del 70% al 95% no significa lo que parece
La imagen de la CRT dice que en Filipinas aumentó la tasa de resolución de delitos de ciberseguridad del 70% al 95%.
Ese dato sí fue reportado por medios filipinos con base en información de la policía. Pero hay que leerlo completo.
Lo que subió fue la tasa de resolución de casos, no necesariamente la seguridad general de la población ni la reducción del delito. De hecho, en el mismo periodo, los casos reportados de ciberdelito aumentaron de forma importante: pasaron de 1,415 casos en enero-junio de 2022 a 4,104 casos en enero-junio de 2023.
Es decir: sí se reportó una mejor tasa de resolución, pero también hubo más casos reportados.
Por eso, usar el dato del 70% al 95% como si fuera prueba de que el registro redujo la delincuencia digital es engañoso. La lectura correcta sería más prudente: según la policía filipina, el registro pudo haber ayudado a investigar o resolver ciertos casos, pero no demuestra por sí solo que el fraude, la extorsión o el ciberdelito hayan disminuido.
El registro no eliminó los fraudes
Otro punto que la imagen de la CRT no menciona es que, después del registro obligatorio, los fraudes continuaron.
En 2024, Filipinas todavía registró más de 6.15 millones de mensajes fraudulentos y más de 610 mil llamadas fraudulentas, de acuerdo con datos citados por la Philippine News Agency. Además, esos mensajes fraudulentos aumentaron trimestre tras trimestre durante ese año.
Esto es fundamental: si el registro de SIM fuera una solución suficiente, no tendría sentido que después de su implementación siguieran circulando millones de mensajes y llamadas fraudulentas.
Lo que ocurrió en Filipinas es algo que también puede pasar en otros países: los delincuentes se adaptan. Si una vía se vuelve más difícil, migran a otra. Pueden usar identidades falsas, prestanombres, SIMs compradas a terceros, líneas robadas, números extranjeros, servicios VoIP, aplicaciones de mensajería, redes sociales, enlaces de phishing o infraestructura que no depende directamente de una SIM registrada.
Por eso, la frase “registrar tu línea disminuye el fraude” necesita muchas aclaraciones. Puede ayudar en ciertos casos, pero no elimina el problema.
También hubo fallas en la verificación
Uno de los episodios más reveladores del caso filipino ocurrió cuando el National Bureau of Investigation probó el sistema de registro y logró registrar SIMs usando identidades falsas, incluso con la imagen de un mono en lugar de una persona.
El caso fue tan grave que legisladores filipinos pidieron reforzar los mecanismos de verificación, incluyendo selfies en vivo o sistemas biométricos más estrictos.
Este punto es muy importante para México. Si el registro se implementa mal, no solo no detiene a los delincuentes: puede generar una falsa sensación de seguridad. El sistema puede terminar lleno de datos incorrectos, registros falsos, prestanombres y líneas registradas a nombre de personas que no son quienes realmente las usan.
En ese escenario, el registro no elimina el anonimato criminal. Solo traslada el problema a otra capa.
El verdadero riesgo: una base de datos masiva
El registro obligatorio de líneas celulares no solo es una medida de telecomunicaciones. También es una medida de identidad.
Cuando un gobierno obliga a vincular una línea telefónica con datos personales, se crea una base de datos de enorme valor. Esa base puede servir para investigaciones legítimas, pero también puede convertirse en un objetivo para criminales, funcionarios corruptos, filtraciones, accesos indebidos o vigilancia desproporcionada.
Y aquí México tiene una pregunta pendiente: ¿tenemos instituciones suficientemente confiables, auditables y seguras para manejar una base de datos de este tamaño?
La respuesta no puede ser un acto de fe.
En los últimos años, México ha visto filtraciones, vulnerabilidades y fallas de seguridad en instituciones públicas y privadas. Por eso, antes de pedirle a la ciudadanía que entregue más información, el gobierno debería explicar con precisión:
¿Quién tendrá acceso a los datos?
¿Cómo se auditarán los accesos?
¿Qué pasará si la información se filtra?
¿Qué sanciones habrá por uso indebido?
¿Cómo se evitarán registros falsos?
¿Cómo se protegerá a periodistas, activistas, víctimas de violencia o personas en situación de riesgo?
¿Qué pasará con quienes no puedan registrarse por falta de documentos, conectividad o acceso tecnológico?
Sin esas respuestas, la campaña se queda en propaganda.
La imagen de la CRT no miente del todo, pero sí omite demasiado
El caso Filipinas no demuestra que el registro obligatorio sea una solución mágica contra el fraude. Demuestra algo mucho más complejo.
Sí puede ayudar a las autoridades a tener más elementos de investigación en ciertos delitos. Sí puede facilitar el rastreo de algunas líneas. Sí puede reducir una parte del anonimato operativo cuando la línea fue registrada correctamente y usada directamente por el responsable.
Pero también demuestra que:
- Los fraudes no desaparecen.
- Los delincuentes se adaptan.
- Los registros pueden hacerse con datos falsos.
- Las SIMs no registradas pueden ser desactivadas masivamente.
- La tasa de resolución no equivale a reducción del delito.
- La concentración de datos personales abre nuevos riesgos.
- El problema se mueve a otros canales, como redes sociales, aplicaciones de mensajería o enlaces fraudulentos.
Por eso, usar Filipinas como ejemplo de éxito sin mencionar sus fallas es una forma incompleta de informar a la ciudadanía.
Conclusión
El registro obligatorio de líneas celulares puede ser una herramienta para ciertas investigaciones, pero no debe venderse como una solución automática contra el fraude, la extorsión o la delincuencia digital.
Filipinas muestra justamente eso: el registro puede ayudar a rastrear algunas líneas, pero no elimina el problema. Los fraudes continúan, los criminales se adaptan y los ciudadanos quedan obligados a entregar más datos personales.
La discusión no debería ser “registro sí” o “registro no” como si fuera un acto de fe. La discusión debería ser más seria:
¿Funciona realmente para reducir delitos?
¿Qué evidencia lo demuestra?
¿Qué riesgos crea?
¿Qué controles tendrá?
¿Quién protegerá los datos?
¿Qué pasa si el sistema falla?
¿Qué pasa si los datos se filtran?
¿Qué pasa si la autoridad abusa?
Antes de pedirle a la población que registre su línea, el gobierno debe demostrar que tiene la capacidad técnica, legal e institucional para proteger esa información.
Porque en ciberseguridad, una base de datos masiva no solo es una herramienta de investigación.
También puede convertirse en el siguiente gran botín.