En los hechos, Google condicionó el acceso al mercado mexicano a la preinstalación obligatoria de Android y de aplicaciones clave como Chrome o YouTube, cerrando el paso a otras plataformas y concentrando el control del software móvil en un solo actor. La CNA reconoce que estas cláusulas limitaron la competencia y redujeron la capacidad de los fabricantes para decidir qué tecnología ofrecer.
La resolución, tomada entre el 17 y 18 de diciembre de 2025, alinea a México con regulaciones aplicadas en la Unión Europea y Corea del Sur, donde las autoridades han optado por frenar el poder de las grandes tecnológicas cuando éste se traduce en dependencia estructural del mercado.
No es solo competencia: es control y dependencia
El caso va más allá de precios o variedad de teléfonos. Durante años, el modelo impuesto por Google convirtió a Android en un estándar de facto, con poca supervisión pública y sin alternativas reales para fabricantes, desarrolladores y usuarios. Esa concentración no solo tiene efectos económicos, también implica riesgos políticos y tecnológicos.
Desde la perspectiva de ciberseguridad, la obligación de usar un ecosistema cerrado favoreció la proliferación de software preinstalado difícil de auditar y, en muchos casos, imposible de eliminar. Cada aplicación forzada amplía la superficie de ataque del dispositivo y expone a los usuarios a fallas, abusos de permisos y recolección excesiva de datos personales, sin que exista una decisión informada de por medio.
Permitir sistemas operativos alternativos abre la puerta a mayor diversidad tecnológica, pero también traslada nuevos riesgos al usuario final si no existen reglas claras. Un mercado más abierto exige garantías mínimas de actualización, parches de seguridad y transparencia, de lo contrario la apertura podría traducirse en dispositivos abandonados o vulnerables.
La prueba real para la CNA
La CNA deberá vigilar que Google cumpla lo acordado, en un contexto donde su capacidad para enfrentar a corporaciones globales todavía está en duda tras la desaparición de la COFECE en julio de 2025. El riesgo es que la resolución se quede en el papel y no modifique el control real que hoy ejercen las Big Tech sobre el mercado móvil.
Para los usuarios, el desenlace no es menor: de esta supervisión dependerá si la apertura del mercado se traduce en mayor libertad y seguridad digital o en un ecosistema fragmentado donde el costo de los errores lo paguen los consumidores. El caso Google es, en el fondo, una prueba sobre quién asume la responsabilidad cuando la tecnología falla.